Ordenar al árbitro electoral
La legitimidad no se impone; se construye. Y para construirla hacen falta reglas claras y autoridades cuya situación jurídica no genere dudas.
Mientras Bolivia debate la necesidad de completar las elecciones judiciales pendientes y reconstruir la institucionalidad del sistema de justicia, existe otra cuestión que no puede seguir quedando en segundo plano: la situación del propio Órgano Electoral Plurinacional.
La democracia se sostiene sobre la confianza. No necesariamente sobre la simpatía hacia las autoridades ni sobre la coincidencia política con sus decisiones, sino sobre la certeza de que las reglas son claras, que los procedimientos son legítimos y que quienes los administran cuentan con un mandato indiscutible. Cuando esa confianza se erosiona, cualquier resultado queda expuesto a la sospecha.
En los últimos años, Bolivia ha normalizado situaciones excepcionales. Tribunales prorrogados, autoridades con mandatos discutidos, interpretaciones jurídicas de emergencia y soluciones temporales que terminan prolongándose indefinidamente. El resultado es una creciente fragilidad institucional que acaba afectando a todo el sistema democrático.
El Órgano Electoral no ha escapado a esa realidad. Más allá de la valoración que cada ciudadano pueda tener sobre su desempeño técnico, persisten dudas sobre la situación legal de algunas de sus principales autoridades, particularmente en lo referido a la continuidad de mandatos que debieron resolverse mediante los mecanismos ordinarios previstos por la ley.
No se trata de abrir una nueva batalla política ni de cuestionar retrospectivamente procesos electorales ya realizados. Tampoco de desconocer el trabajo de funcionarios que han sostenido la administración electoral en momentos complejos. Se trata de algo más sencillo: fortalecer la credibilidad de una institución que será llamada nuevamente a desempeñar un papel decisivo en los próximos años.
Bolivia tiene por delante elecciones judiciales pendientes, procesos subnacionales futuros y, probablemente, debates de enorme trascendencia institucional. Todo ello exige un árbitro fuerte, respetado y libre de cuestionamientos jurídicos razonables.
La mejor manera de proteger al Órgano Electoral no es ignorar las observaciones existentes, sino resolverlas. Aclarar la situación de sus autoridades, regularizar los mandatos pendientes y garantizar mecanismos transparentes de renovación institucional contribuiría mucho más a la estabilidad democrática que cualquier intento de minimizar el problema.
La legitimidad no se impone; se construye. Y para construirla hacen falta reglas claras y autoridades cuya situación jurídica no genere dudas.
Así como es necesario completar el Tribunal Constitucional y el resto de las altas cortes, también es necesario ordenar plenamente el sistema electoral. Ambos procesos forman parte de una misma tarea: reconstruir la confianza en las instituciones.
Porque las elecciones no solo deben ser limpias. También deben ser organizadas por instituciones cuya legitimidad esté fuera de discusión. En tiempos de incertidumbre política, esa garantía resulta tan importante como el propio resultado de las urnas.
