La palabra de Paz, San Julián y la legitimidad de Tuto

Aunque parece que haya pasado casi un siglo, a mitad de semana los Tupac y las Bartolinas cursaron una nota al ejecutivo fijando una suerte de condiciones mínimas para considerar abrir un diálogo directo más allá de la mesa de la Vicepresidencia. Pasaba por “detener la represión”, liberar a los aprehendidos y resarcir a los heridos. El presidente Rodrigo Paz aseguró que respondió “inmediatamente”.

Horas después le renunciaron dos ministros: el de Defensa, Mauricio Salinas, y la de Educación, Beatriz García; se “filtró” un video exigiendo a la población acompañar a las fuerzas del orden para restablecer el control y se avanzó en la nueva reglamentación del Estado de Excepción.

García era la viva imagen de la tecnocracia – más que meritocracia – que se quería incluir en el gabinete de Paz Pereira. Hija de Enrique García - más de 25 años como presidente ejecutivo de la CAF - y un CV plagado de maestrías y cursos internacionales, le tocó negociar con los sindicatos troskistas anidados en las Federaciones del Magisterio – les dio un bono y nada - y lidiar con los colegios privados que claman por subir las pensiones. Las peores lenguas dicen que lo de la bajada “voluntaria” de sueldo ya fue demasiado. No hay duda de que el Ministerio de Educación es una cartera propicia para abrir ciertos canales de diálogo con sectores populares, por el arraigo que los siempre criminalizados maestros sindicalizados tienen en el territorio, pero de momento no hay sustituto.

La salida de Salinas se lee en otro contexto: La necesidad del gobierno de “apretar los pernos” como estrategia de intimidación. En realidad, nunca sabremos si Salinas era partidario o no del Estado de sitio porque su función en el gabinete era otra; lo que sí sabemos es que su sustituto, Ernesto Justiniano Urenda, se jacta de ser del grupo “de los duros”: como viceministro de Sustancias Controladas buscó rápidamente la mano de la DEA, ha impulsado los sobrevuelos en el Chapare y otras zonas calientes, y se anotó el éxito de la captura de Sebastián Marset, aunque casi cuatro meses después de que se diera por ubicado.

Señales

Justiniano Urenda, junto al trajín de la Ley reglamentaria de los Estados de Excepción, que sigue transitando entre cámaras y discursos y que esencialmente viene a eximir responsabilidades personales y voltear la carga de la prueba (¿Qué sentido tenía si no cambiar la 1341?), junto al inaudito video posteado por el presidente en el que aseguró que sin el apoyo activo de la población, policías y militares no podrían restaurar el orden (posteriormente eliminado cuando ya lo había visto todo el mundo, y matizado por el vocero José Luis Gálvez  asegurando que no le entendemos al Presidente), eran en sí la respuesta específica a la misiva de Bartolinas y Kataristas. A eso le siguieron detenciones y desbloqueos donde se mezclaron civiles y uniformados, como el de Río Abajo en La Paz o el de San Julián en Santa Cruz, especialmente violento y con el resultado previsto: la población local defendió su bloqueo y la Policía se retiró.

Estado de agotamiento

Con más de un mes de movilizaciones en el país, con La Paz cercada, pero también casi un centenar de puntos de bloqueo en todo el país, gobierno y movilizados apuran sus últimas cartas en el marco de la retórica, pero todo apunta a que desde este lunes la balanza decantará para uno o para otro lado. La hora de la verdad.

La Asamblea le ha dotado al gobierno, aparentemente, de la Ley de Estados de Excepción que los militares y policías exigían para participar. Y bien cabe recordar que no es necesario un Estado de Excepción para asegurar el derecho a la libre locomoción, y otros derechos humanos que se ven vulnerados. Por cierto, Rodrigo Paz y María Elena Urquidi declinaron asistir a la famosa fiesta de graduación del Calvert, a la que si asistieron Adrián Zamora y Karla Urquidi.

Paz ha repetido los llamados al diálogo – pese a que el 27 de mayo dijo que era la última vez -, pero la respuesta fácticamente negativa a la misiva es contradictoria. Igualmente han insistido en la retórica de la criminalización de la protesta y su vinculación con Evo Morales y el narcotráfico del Chapare. Además, el afán de “mostrarse” ha llevado a los ministros a encabezar operativos acompañados por civiles tomando riesgos no solo innecesarios, sino poco justificables. El “ensayo” de San Julián ha dejado en evidencia la naturaleza del problema y los posibles efectos.

El feriado largo ha tenido su impacto. Todo predecible. Abastecimiento exhaustivo y recuperación de fuerzas. Tras dos semanas de vueltas y vueltas, el instrumento del Estado de Excepción ya está a disposición del gobierno, y más allá de algunas escisiones, los cabildos han apostado por mantener las medidas. La clave pasa por hacer avanzar el diálogo por debajo de la presión de la movilización o, por el contrario, dada la imposibilidad de articular un proyecto creíble, poner tierra de por medio. La solución, en pocos días.

La legitimidad de Tuto Quiroga

Cada vez que Tuto Quiroga convoca conferencia de prensa, el gobierno se poner a temblar. Es el jefe de la oposición porque así lo decidieron los ciudadanos, y de momento se ha desempeñado de forma leal: apoyó el 5503, apoyó el cambio de la Ley de Estados de Excepción y la mayoría de las medidas y estuvo en Cochabamba dándole todo el respaldo, pero efectivamente tiene derecho a exigir acciones concretas luego de más de un mes de bloqueo en la sede de Gobierno.

Uno de los debates inútiles de estos días es el que trata de discernir si con Tuto hubiera pasado exactamente lo mismo. En general unos creen que sí, pues las políticas que hubiera aplicado serían exactamente las mismas que está aplicando Paz. Otros creen que no, pues el problema de base no es esencialmente las políticas, sino el hecho de no cumplir con ninguna de sus promesas de campaña, no solo en lo concreto, sino en el marco general de lo que iba a ser su gobierno.

Así se pueden pasar horas.