Conminan al Gobierno a cerrar empresas estatales deficitarias

La Cámara de Senadores aprobó el reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE), que incorpora una asignación adicional superior a los Bs 7.000 millones y establece un plazo de 30 días para que el Gobierno identifique las empresas públicas deficitarias que deberán ser liquidadas o cerradas. La norma también busca redistribuir recursos hacia las regiones y aliviar la situación financiera de gobernaciones, municipios y universidades.

La senadora Marcela Guerrero informó que durante el tratamiento del proyecto el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, explicó el destino de los nuevos recursos, aunque reconoció que uno de los principales cuestionamientos de los legisladores fue el incremento del gasto corriente en un contexto donde, a criterio del legislativo, debería priorizarse un ajuste fiscal.

"El principal cuestionamiento que hemos tenido es que está creciendo el gasto corriente cuando debería haber un recorte fiscal. Nos ha explicado que corresponde a nuevos ítems para salud, educación y seguridad ciudadana", señaló.

La legisladora indicó que ahora la principal preocupación radica en conocer cuánto de esos recursos llegará efectivamente a Tarija.

Uno de los cambios incorporados al reformulado establece que el Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para presentar un diagnóstico de las más de 60 empresas estatales y definir cuáles continuarán operando y cuáles deberán ingresar en un proceso de liquidación por generar pérdidas al Estado.

"Ya no podemos seguir financiando empresas que generan pérdidas económicas. La población debe conocer cuáles permanecerán como estratégicas y cuáles serán cerradas", afirmó Guerrero, quien sostuvo que esa evaluación debió realizarse al inicio de la actual gestión.

La parlamentaria explicó que el apoyo al reformulado también respondió a la aprobación de una ley complementaria que libera a las gobernaciones de asumir competencias del nivel central y elimina débitos automáticos, permitiendo que dispongan de mayores recursos para inversión.

No obstante, advirtió que el próximo Presupuesto General del Estado deberá incorporar una distribución más equitativa de los recursos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.

"El presupuesto de la próxima gestión ya no puede ser centralista. Debe responder a la propuesta del 50-50", sostuvo, al recordar que el 4 y 5 de agosto se desarrollarán reuniones técnicas y políticas con el Viceministerio de Autonomías para analizar esa propuesta.

Por su parte, el diputado José Luis Porcel señaló que el proceso de reorganización de las empresas públicas podría alcanzar entre 15 y 20 entidades de un total de 83 empresas estatales existentes.

El legislador explicó que algunas infraestructuras, como la Planta Separadora de Líquidos del Chaco, difícilmente podrán ser cerradas por su naturaleza estratégica, aunque planteó que otras instalaciones puedan ser reutilizadas con fines educativos, sanitarios o transferidas al sector privado cuando corresponda.

Porcel también consideró que la aprobación del reformulado llega con retraso, ya que restan pocos meses para ejecutar los recursos antes del cierre de la gestión fiscal.

"Si esos recursos llegan inmediatamente a gobernaciones, municipios y universidades, deberán movilizarlos con rapidez para generar dinamismo en la economía. También se verá la eficiencia de estas instituciones para ejecutar el presupuesto y evitar que los recursos deban devolverse al Tesoro General del Estado", afirmó.

Respecto al nuevo régimen de tipo de cambio flexible, el diputado sostuvo que será necesario adecuar reglamentos y contratos públicos para evitar que la variación del dólar paralice procesos de contratación y adquisición de bienes.

Asimismo, observó que, si bien el dólar continúa en ascenso, el ritmo de incremento se ha moderado en los últimos días, por lo que consideró que la eventual llegada de financiamiento externo podría contribuir a una estabilización gradual del mercado cambiario.