COB denuncia persecución política, el Gobierno argumenta terrorismo

La aprehensión de dirigentes sindicales, vecinales y afines al evismo en medio de las movilizaciones y bloqueos que se mantienen principalmente en el departamento de La Paz, ha hecho que la Central Obrera Boliviana (COB) denuncie persecución política y ha decidido acudir a organismos internacionales de Derechos Humanos.  Mientras el Gobierno sostiene que se trata de acciones judiciales contra personas investigadas por delitos vinculados a la violencia y la alteración del orden público, en medio del conflicto social que atraviesa el país.

A través de un pronunciamiento público, la COB expresó su preocupación por lo que considera una creciente criminalización de la protesta social. La organización acusó al Gobierno de utilizar al Ministerio Público y a la Policía Boliviana para ejecutar una serie de detenciones contra dirigentes sindicales y sociales.

Según la entidad matriz de los trabajadores, los operativos se estarían realizando mediante efectivos encapuchados que se desplazan en vehículos sin identificación oficial y sin exhibir órdenes judiciales al momento de las intervenciones. Bajo ese argumento, calificó algunas de las capturas como privaciones ilegales de libertad y pidió la intervención de organismos internacionales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

La COB sostiene que estas acciones vulneran el fuero sindical reconocido por la Constitución Política del Estado y advirtió que existe una campaña para presentar a los dirigentes sociales como delincuentes o terroristas por impulsar demandas y movilizaciones.

Los dirigentes aprehendidos

Uno de los casos más recientes es el de Bernabé Gutiérrez, dirigente de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Arce. Gutiérrez fue aprehendido en la ciudad de El Alto en el marco de una investigación por el delito de instigación pública a delinquir.

Las acusaciones surgieron después de que autoridades gubernamentales denunciaran que el dirigente habría exhortado a comunidades de Cala Cala y Warisata a acudir armadas a las movilizaciones. Días antes, además, circuló un video en el que un grupo de ponchos rojos aparecía exhibiendo armas y amenazando con radicalizar las protestas si el presidente Rodrigo Paz no renunciaba al cargo.

Actualmente, Gutiérrez permanece bajo custodia policial mientras se desarrolla el proceso judicial correspondiente.

Otro caso que ha generado repercusión es el de Justino Apaza, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz. La justicia determinó enviarlo con detención preventiva por seis meses al penal de San Pedro mientras es investigado por presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y otros cargos relacionados con los bloqueos.

De acuerdo con las investigaciones, Apaza habría tenido una participación activa en la organización de las movilizaciones que paralizan distintas rutas del departamento paceño y en los cabildos donde se ratificó la continuidad de las protestas y la exigencia de renuncia presidencial.

La defensa del dirigente argumentó que cuenta con domicilio conocido, trabajo estable y arraigo familiar, elementos que, a su criterio, descartan riesgos procesales.

A estos casos se suma el de la exsenadora evista Simona Quispe, cuya familia denunció públicamente que fue capturada por efectivos policiales en la ciudad de La Paz. Sus allegados calificaron la intervención como un secuestro y exigieron información sobre su situación jurídica.

Terrorismo
Gobierno rechaza "persecución" y asegura que las aprehensiones responden a delitos de terrorismo y sedición

Gobierno niega que exista persecución política

Desde el Ejecutivo rechazan las denuncias de persecución política y sostienen que las investigaciones responden a hechos concretos vinculados a los bloqueos, las amenazas y los episodios de violencia registrados durante las movilizaciones. El presidente Rodrigo Paz pidió a los dirigentes sindicales y campesinos no dejarse utilizar políticamente por Evo Morales y reiteró su convocatoria al diálogo para resolver el conflicto.

El mandatario aseguró que detrás de las protestas existe un intento de presionar a la justicia y de generar inestabilidad institucional para beneficiar al exmandatario y su entorno político. Asimismo, afirmó que cualquier persona que haya cometido delitos deberá responder ante las autoridades competentes, independientemente de su cargo o afiliación sindical.