Violento desbloqueo en San Julián expone la “inacción” del Estado

La crisis social que atraviesa Bolivia abrió este fin de semana un capítulo con violentos enfrentamientos registrados en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz. El operativo de desbloqueo ejecutado por la Policía terminó con un saldo preliminar de más de 20 civiles heridos y al menos seis efectivos policiales lesionados, cuatro de ellos por impactos de arma de fuego.

Sin embargo, más allá de las cifras, el episodio generó cuestionamientos sobre la participación de grupos civiles en procedimientos destinados a restablecer el orden público, una situación que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos e institucionales.

Un operativo marcado por la controversia

La intervención policial buscaba liberar la ruta bloqueada desde hace varios días por sectores movilizados. No obstante, la presencia de civiles acompañando el operativo provocó duras críticas de las autoridades locales.

El alcalde de San Julián, Juan Carlos Vaca, aseguró que desconocía la realización de la intervención y cuestionó la presencia de personas ajenas a las fuerzas del orden. Según la autoridad municipal, la participación de estos grupos contribuyó a incrementar la tensión existente en la zona.

Vaca sostuvo que durante las jornadas previas había intentado acercar a las partes en conflicto mediante el diálogo, pero lamentó que la situación terminara escalando hacia la confrontación.

Las denuncias se intensificaron tras la difusión de videos en redes sociales y medios de comunicación en los que se observa a civiles mezclados con efectivos policiales durante el avance del operativo. En algunas grabaciones también aparecen personas portando objetos contundentes e incluso armas de fuego.

Los "autoconvocados"

Desde el Comité pro Santa Cruz, su presidente, Stello Cochamanidis, reconoció la participación de ciudadanos que acudieron por iniciativa propia para exigir el respeto a su derecho a la libre circulación.

Según su versión, la presencia de estos grupos responde a la ausencia de soluciones estatales para garantizar el tránsito en las carreteras después de más de un mes de conflictos.

La declaración alimentó el debate sobre los límites de la participación ciudadana en situaciones de conflicto social y sobre la responsabilidad del Estado en el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

Heridos y denuncias cruzadas

El Hospital Municipal de San Julián reportó la atención de 26 personas heridas tras los enfrentamientos. De acuerdo con el informe médico, dos de los pacientes presentan lesiones de gravedad.

Uno de ellos sufrió un trauma craneoencefálico severo producto de una herida abierta en el cráneo y tuvo que ser trasladado de emergencia a la ciudad de Santa Cruz para recibir atención neuroquirúrgica especializada.

Por su parte, la Gobernación de Santa Cruz confirmó inicialmente 19 heridos, entre civiles y policías, aunque la cifra fue aumentando conforme avanzaron las horas.

La Policía también reportó seis uniformados lesionados durante el operativo. Cuatro recibieron impactos de proyectil de arma de fuego, mientras que otros dos sufrieron heridas provocadas por piedras y otros objetos lanzados durante los disturbios.

El caso más delicado corresponde a un efectivo que recibió un disparo en la cabeza y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

¿Quién disparó?

Uno de los aspectos más sensibles de la jornada tiene relación con el uso de armas de fuego. La Policía aseguró que los efectivos desplazados para el desbloqueo no portaban armamento letal, por lo que descartó que los disparos provinieran de las fuerzas del orden.

Paralelamente, videos difundidos en redes sociales muestran a civiles realizando detonaciones durante los enfrentamientos, situación que ahora forma parte de las investigaciones.

Las imágenes han generado preocupación debido al riesgo de que grupos particulares asuman funciones de control o seguridad que corresponden exclusivamente al Estado.

El desafío de la pacificación

Tras los hechos, el alcalde Vaca pidió el repliegue tanto de los efectivos policiales como de los grupos civiles presentes en la zona, además de insistir en la necesidad de retomar el diálogo entre las partes.

La jornada dejó en evidencia no solo el deterioro del clima social en el país, sino también los riesgos que implica la prolongación de los conflictos. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades, San Julián se convierte en un nuevo símbolo de la polarización que atraviesa Bolivia.

Advierten financiamiento ilegal en San Julián

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, afirmó este sábado que los grupos que protagonizaron la resistencia al operativo de desbloqueo en San Julián están financiados por “intereses tremendamente ilegales”, tras los enfrentamientos registrados durante la intervención policial y militar en la carretera Santa Cruz–Trinidad.

La autoridad lamentó la violencia registrada durante la jornada y sostuvo que el Gobierno agotó previamente las instancias de diálogo con distintos sectores de esa región. Según explicó, en varias oportunidades se atendieron demandas planteadas por organizaciones productivas, juntas vecinales y otros actores sociales de San Julián, sin lograr una solución definitiva al conflicto.

Justiniano señaló que, a partir de los hechos ocurridos durante el operativo, llegó a la conclusión de que detrás de los grupos movilizados existen intereses que trascienden las reivindicaciones sociales y responden a motivaciones políticas y actividades fuera del marco legal. “Están financiados directamente por intereses que van mucho más allá de la legalidad, tremendamente ilegales”, afirmó.

En ese contexto, justificó la decisión de desplegar a efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas para restablecer la circulación en la zona. Aseguró que la medida fue asumida después de considerar que ya no existían condiciones para continuar el diálogo y que la demanda ciudadana apuntaba a garantizar el libre tránsito y el abastecimiento.

La autoridad también sostuvo que grupos radicales se habrían mezclado con la población movilizada para impedir la habilitación de corredores humanitarios destinados a liberar el paso de centenares de vehículos que permanecían varados desde hacía más de un mes en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni.