La autonomía necesita instituciones

La creación de la Unión de Gobernaciones Departamentales (UGD) puede parecer, para algunos, apenas otro acrónimo en la ya extensa sopa de letras institucional boliviana. Sin embargo, el paso dado por varios gobernadores del país esta semana tiene una importancia política y administrativa mucho más profunda de lo que aparenta. Por primera vez en mucho tiempo, las autonomías departamentales parecen entender que sus problemas son comunes y que solo articulando posiciones conjuntas podrán defender competencias, recursos y capacidad de gestión frente a un centralismo que, gobierne quien gobierne, siempre encuentra razones para expandirse.

La reunión concertada por los gobernadores, de la que solo se ha desmarcado Leonardo Loza de Cochabamba y René Joaquino de Potosí, ambos con agendas propias, dejó varios puntos relevantes sobre la mesa: la necesidad de revisar la coparticipación tributaria, redefinir competencias, actualizar el régimen minero, facilitar el acceso directo a financiamiento internacional y discutir la sostenibilidad financiera de las gobernaciones. Todos esos temas llevan años pendientes. Todos han sido discutidos parcialmente en campañas, cumbres y foros. Y todos siguen chocando contra la misma pared: un modelo estatal que prometió autonomías, pero que nunca terminó de asumir plenamente sus consecuencias.

Bolivia atraviesa una crisis económica delicada, y las gobernaciones la padecen quizá con mayor crudeza. Se les exige atender hospitales, caminos, desarrollo productivo, emergencias climáticas, programas sociales y hasta conflictos sectoriales, mientras el margen presupuestario se reduce cada año. Muchas veces, además, deben asumir competencias que originalmente correspondían al nivel central, sin financiamiento suficiente y bajo permanente presión política y social.

Las gobernaciones conocen mejor que nadie las urgencias territoriales. Coordinarlas, fortalecerlas y darles voz propia es también una forma de fortalecer la democracia boliviana

En ese contexto, la UGD puede convertirse en una herramienta importante para equilibrar la relación entre regiones y Estado central. No como un bloque de confrontación, sino como un espacio técnico y político capaz de defender con mayor solvencia las necesidades reales de los departamentos. Porque el centralismo paceño —más allá del color político del gobierno de turno— suele legislar desde la abstracción, sin comprender la complejidad territorial, productiva y social de cada región.

Tarija conoce bien esa realidad. La autonomía departamental fue aquí una bandera histórica mucho antes de convertirse en capítulo constitucional. Y aunque el proceso autonómico acumuló errores, burocracia y frustraciones, sigue siendo probablemente la mejor herramienta disponible para acercar las decisiones a la gente y construir políticas públicas más eficientes.

La creación de una instancia permanente de coordinación entre gobernaciones también puede ayudar a ordenar debates nacionales que hoy aparecen fragmentados. El pacto fiscal, la redistribución tributaria, la infraestructura caminera, el financiamiento externo o las regalías mineras requieren una visión territorial compartida y no apenas negociaciones aisladas donde cada departamento intenta sobrevivir por separado.

Naturalmente, el desafío será evitar que la UGD se convierta en otro espacio declarativo sin incidencia real. Bolivia ya tiene demasiadas instituciones que producen comunicados y muy pocas capaces de ejecutar transformaciones concretas. La ciudadanía espera resultados, no fotografías.

Por eso será importante que esta nueva instancia logre consolidar equipos técnicos sólidos, propuestas viables y una interlocución seria con el Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa. También será fundamental que las propias gobernaciones practiquen hacia adentro aquello que exigen hacia afuera: eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Las autonomías no pueden seguir siendo únicamente una consigna emocional o electoral. Necesitan institucionalidad, coordinación y capacidad de gestión. Y quizá, por primera vez en años, la creación de la UGD apunte precisamente en esa dirección.