Tarija y el consenso
Tarija enfrenta el momento económico más complejo desde la consolidación autonómica: priorizar salud, producción y ajuste institucional ya no es una opción, sino una necesidad
La reunión sostenida la pasada semana entre la gobernadora María René Soruco y la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, encabezada por Álvaro Ojeda, dejó, al menos de entrada, una sensación poco habitual en la política tarijeña reciente: predisposición al entendimiento. En un escenario nacional marcado por la confrontación permanente, los discursos maximalistas y la incapacidad institucional para construir acuerdos mínimos, que oficialismo y oposición departamental hayan decidido sentarse a priorizar una agenda común merece ser valorado.
Más aún considerando el contexto. Tarija enfrenta probablemente el momento económico más complejo desde la consolidación autonómica. Los recursos son escasos, las obligaciones abundantes y las demandas sociales crecen mientras las instituciones arrastran estructuras pesadas y costos difíciles de sostener. En ese escenario, insistir en la lógica del bloqueo mutuo o de la disputa permanente habría sido sencillamente irresponsable.
La coincidencia en priorizar áreas sensibles como salud y desarrollo productivo apunta, además, en la dirección correcta. La crisis ya no admite grandes ejercicios retóricos ni proyectos grandilocuentes desconectados de la realidad fiscal. Lo urgente hoy es garantizar servicios básicos razonables, proteger a los sectores más vulnerables y generar condiciones para que la economía departamental vuelva a moverse.
La ciudadanía no necesita nuevas fotografías de consenso, sino decisiones concretas, cronogramas claros y resultados visibles que eviten repetir la vieja lógica de retrasarlo todo
También resulta saludable que se haya abierto la discusión sobre la necesidad de recortar gastos y optimizar estructuras. Durante demasiados años, buena parte de la política regional vivió bajo la ilusión de recursos infinitos alimentados por la renta gasífera. Ese tiempo terminó. Y cuanto más se tarde en adecuar el tamaño institucional a la nueva realidad económica, más dolorosos serán los ajustes futuros.
Sin embargo, Tarija también conoce demasiado bien otro riesgo: el de las reuniones que terminan únicamente en declaraciones bien intencionadas, mesas técnicas eternas y anuncios que se diluyen entre trámites, cálculos políticos y disputas menores. La autonomía arrastra una larga tradición de diagnósticos acertados y ejecuciones demoradas.
Por eso, el principal desafío empieza ahora. Los acuerdos deben traducirse rápidamente en decisiones concretas, cronogramas verificables y resultados visibles para la ciudadanía. La población no necesita nuevas escenografías institucionales ni fotografías de consenso; necesita señales claras de que las autoridades comprendieron la gravedad del momento y están dispuestas a actuar en consecuencia.
La Asamblea tiene la oportunidad de demostrar que puede ejercer control político sin caer en el obstruccionismo sistemático. Y la Gobernación tiene la responsabilidad de conducir este proceso con apertura, transparencia y capacidad técnica. Ambos partidos comparten, además, una raíz política e histórica común que debería facilitar mínimos consensos estratégicos sobre el futuro departamental.
Tarija necesita menos épica y más gestión. Menos cálculo corto y más visión compartida. El tono de la reunión fue correcto. Ahora hace falta que la voluntad política sobreviva al paso de las semanas, a las presiones sectoriales y a la inevitable disputa de intereses.
Porque el tiempo perdido ya no se recupera. Y el departamento no está en condiciones de seguir postergando las decisiones imprescindibles.
