Legitimidades

El presidente Rodrigo Paz tiene toda la potestad para ejercer todas las prerrogativas que le confiere la Constitución Política del Estado. Él participó de la contienda electoral, eligió a su compañero de fórmula, hizo su campaña, sus promesas, y recibió el respaldo mayoritario de la población en la segunda vuelta, donde competía con Jorge Tuto Quiroga.

Rodrigo Paz obtuvo 1,7 millones de votos en primera vuelta y 3,5 millones de votos en la segunda vuelta sobre un padrón de casi 8 millones de votantes, del que participaron 6,9 millones. Luis Arce fue elegido en 2020 con 3,4 millones de votos en primera vuelta con un padrón de 7,3 millones de personas del que participaron 6,3. La última elección legal de Evo Morales, en 2014, obtuvo 3,1 millones de votos sobre un padrón de 6,2 millones de la que participaron 5,5 millones.

La carrera electoral de 2025 estuvo marcada por varias consignas: la principal, cerrarle el camino a Evo Morales – inhabilitado con aquella interpretación del Constitucional autoprorrogado al servicio de Luis Arce -, pero también de su base social, por lo que se fueron anulando diferentes siglas que parecían ser funcionales. Además, el propio Morales se encargó de negar a su delfín, Andrónico Rodríguez, mientras que el MAS de Arce ya se había destruido a sí mismo. En aquella carrera también quedó fuera de la carrera Jaime Dunn por cuentas pendientes de tesorería en la alcaldía de El Alto mientras se habilitaron otras siglas con plazos cuestionables.

Unos aseguran que fue instrucción del propio Evo e incluso fue resultado de un oscuro pacto de impunidad; la mayoría sin embargo entiende que esa mayoría popular decidió votar por Rodrigo, bien como mal menor, bien porque creyeron en su propuesta de país.

Basta con repasar las crónicas de la campaña y el mapa electoral para saber cómo ganó Rodrigo, y por si acaso, Tuto Quiroga se lo recuerda a diario. El voto popular militante del proceso que Evo había destruido eligió a Rodrigo: unos aseguran que fue instrucción del propio Evo e incluso fue resultado de un oscuro pacto de impunidad; la mayoría sin embargo entiende que esa mayoría popular decidió votar por Rodrigo, bien como mal menor, bien porque creyeron en su propuesta de país.

Por si aquel proceso no fuera suficientemente sospechoso, el designado vocal electoral de Luis Arce, Gustavo Ávila, que había sustituido de forma aparentemente inconstitucional (el proceso está trabado en Sucre) a la anterior vocal presidencial – Dina Chuquimia – y que a su vez había sido designada por el presidente Arce para completar el mandato de Salvador Romero, que inició en 2019 y acabó en 2025, se mantiene en el cargo con un decreto de “ratificación” de Rodrigo Paz, siendo incluso elegido presidente en la nueva Sala Plena.

En este contexto, aferrarse a la legitimidad democrática para aferrarse al cargo resulta, cuando menos, un argumento de alto riesgo en el momento en el que los antecedentes se ponen sobre la mesa. El programa electoral no deja de ser un contrato social que se vuelve vinculante desde el momento en el que se recibe la autoridad para ponerlo en práctica. Desconocerlo, obviamente, tiene consecuencias.

La legitimidad de Rodrigo Paz hoy es constitucional más que democrática, como lo es el derecho a la protesta – obviamente en los cauces pacíficos y proporcionales -, y es a esa Constitución a la que se debe aferrar para abordar los cambios que se deseen, incluyendo la misma modificación del texto si es preciso, aunque esto requiera, de nuevo, de una legitimidad democrática de la que hoy por hoy el gobierno carece, lo que sumado a la inexistencia de quorum en el Tribunal Constitucional actual, puede acabar empujando esta “oportunidad histórica” al precipicio. Algo de lo que, por cierto, todos los actores de oposición son muy conscientes.

La falta de una estrategia de largo plazo - ¿Qué Bolivia en el mundo, el mundo en Bolivia se puede vender ahora? – empieza a pasar factura. Paz todavía puede volver a la casilla de salida. Todavía.