Tariquía y la hora de decidir
Tariquía ya no puede seguir atrapada entre juicios, discursos ambiguos y decisiones postergadas. Tarija necesita definir con claridad qué futuro quiere construir sobre su territorio
La absolución de los comunarios procesados por el conflicto de Tariquía deja varias lecturas incómodas para el país y para Tarija. La primera, quizá la más evidente, es que durante años se intentó criminalizar un conflicto profundamente político y territorial, trasladando a los tribunales una discusión que nunca debió resolverse entre expedientes judiciales, acusaciones penales y desgaste personal de quienes defendían su territorio.
La segunda lectura es todavía más preocupante: después de tantos años de confrontación, Bolivia sigue sin tomar una decisión clara sobre qué quiere hacer con Tariquía.
Y el tiempo empieza a agotarse.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía no es un espacio cualquiera. Es uno de los principales reservorios de biodiversidad del sur del país, fuente de agua, equilibrio climático y potencial turístico para un departamento que busca desesperadamente alternativas económicas al declive gasífero. Pero al mismo tiempo, bajo su territorio persiste la promesa —cada vez más incierta— de nuevas reservas hidrocarburíferas capaces de alimentar temporalmente una economía nacional en crisis.
Ese es el verdadero dilema. Y esconderlo detrás de procesos judiciales o discursos simplistas solo ha profundizado la fractura.
Durante demasiado tiempo, la discusión sobre Tariquía se redujo a una lógica binaria: ambientalistas románticos contra desarrollistas irresponsables; defensores de la naturaleza contra enemigos del progreso. Pero la realidad es bastante más compleja. Bolivia necesita recursos, energía e inversión. Tarija necesita empleo, ingresos y oportunidades. El problema es que también necesita agua, sostenibilidad y visión de largo plazo.
La pobreza no puede convertirse en mecanismo de presión para legitimar proyectos extractivos. Defender el ambiente exige también garantizar condiciones dignas para las comunidades
Porque lo que está en juego no es únicamente un pozo exploratorio. Es el modelo territorial y productivo que el departamento quiere construir para las próximas décadas.
Y ahí es donde la política ha fallado estrepitosamente.
Ni el Estado ni las grandes empresas lograron construir confianza real con las comunidades. Las consultas previas se percibieron muchas veces como procedimientos administrativos destinados a legitimar decisiones ya tomadas, en territorios donde la pobreza y la falta de alternativas condicionan cualquier negociación. Del otro lado, tampoco se avanzó suficientemente en construir una propuesta económica sostenible que permita imaginar un futuro para Tariquía más allá de la resistencia permanente.
Mientras tanto, los comunarios quedaron atrapados en medio de una batalla desigual, convertidos en símbolo político por unos y obstáculo estratégico para otros.
Por eso el fallo judicial debería servir, al menos, para bajar la tensión y devolver el debate a donde siempre debió estar: el ámbito político, técnico y ciudadano. Tarija necesita decidir qué prioriza, qué riesgos está dispuesta a asumir y cuáles son sus límites ambientales reales. Y necesita hacerlo pronto.
No decidir también es una decisión. Y generalmente la más costosa.
El departamento ya conoce las consecuencias de depender exclusivamente de ciclos extractivos. La bonanza gasífera dejó recursos, infraestructura y crecimiento, pero también una enorme vulnerabilidad cuando el modelo empezó a agotarse. Repetir automáticamente la misma lógica en territorios ambientalmente sensibles sin una evaluación integral sería, cuanto menos, imprudente.
Tariquía obliga a pensar más allá de la coyuntura.
Obliga a discutir seriamente sobre turismo sostenible, servicios ambientales, producción compatible con la conservación y desarrollo territorial inteligente. Pero también obliga a sincerar cuánto está dispuesto el país a sacrificar ambientalmente por ingresos de corto plazo cuyo impacto económico, además, ya no parece tan extraordinario como hace veinte años.
El peor escenario sería continuar indefinidamente en esta ambigüedad: judicializando comunarios, alimentando conflictos y postergando definiciones estratégicas.
Porque los territorios no pueden vivir eternamente suspendidos entre la amenaza y la promesa.
