El costo de improvisar el río

Bolivia necesita discutir seriamente su futuro energético. La caída sostenida de la producción gasífera obliga a buscar alternativas capaces de sostener la demanda interna, diversificar la matriz y generar nuevas fuentes de ingresos. En ese escenario, proyectos como la hidroeléctrica El Carrizal aparecen inevitablemente sobre la mesa. El problema es que una obra de semejante magnitud no puede construirse sobre discursos apresurados, información incompleta ni promesas grandilocuentes.

Socializar un proyecto hidroeléctrico sin estudios completos ni diseño final público no es participación ciudadana: es propaganda sobre una obra de impacto irreversible.

Mucho menos cuando el propio historial técnico invita a la prudencia.

Hace más de quince años, misiones técnicas internacionales —incluyendo equipos chinos especializados en infraestructura hidroeléctrica— ya evaluaron las complejidades del proyecto y dejaron observaciones severas sobre la viabilidad económica y ambiental de intervenir una cuenca tan agresiva y sedimentaria como la del Pilcomayo. No es un detalle menor. El Pilcomayo arrastra uno de los niveles de sedimentación más altos del continente y cualquier infraestructura de embalse está expuesta a un desgaste acelerado, costos permanentes de dragado y una reducción drástica de vida útil.

Eso significa que el debate no puede limitarse a cuántos megavatios promete generar la represa o cuántos millones podrían ingresarse por exportación de energía. También debe responder quién asumirá los costos de mantenimiento, qué ocurrirá cuando el embalse pierda capacidad operativa y cuál será el verdadero balance económico dentro de veinte o treinta años.

Las obras públicas no se evalúan únicamente por su costo de construcción, sino por su sostenibilidad integral, y San Jacinto, a su escala, es un buen ejemplo.

La preocupación ambiental, además, no es un capricho ideológico ni una resistencia irracional al desarrollo. Las comunidades indígenas, pescadores y organizaciones del Chaco tienen razones legítimas para exigir respuestas claras sobre el impacto en el ecosistema del Pilcomayo y especialmente sobre la migración del sábalo, base económica y cultural de miles de familias. También es razonable preguntarse qué efectos tendría la alteración del caudal sobre territorios compartidos con Argentina y Paraguay, o qué consecuencias tendría inundar decenas de kilómetros cuadrados sin estudios públicos plenamente transparentados.

Y ahí aparece el elemento más preocupante de todos: la ausencia de información oficial completa.

Resulta difícil comprender cómo autoridades y parlamentarios impulsan una socialización masiva cuando ni siquiera cuentan con acceso al diseño final elaborado por ENDE. Socializar un proyecto sin estudios públicos integrales no es participación ciudadana; es propaganda. Y cuando se trata de una intervención de más de mil millones de dólares con efectos potencialmente irreversibles, la opacidad debería ser motivo suficiente para detener cualquier intento de aceleración política.

Tarija ya conoce demasiado bien las consecuencias de apostar a ciegas por proyectos estratégicos sin suficiente planificación. La historia reciente del gas deja lecciones dolorosas sobre expectativas sobredimensionadas, dependencia excesiva y ausencia de visión sostenible. Repetir el mismo esquema, esta vez sobre el agua y los ecosistemas del sur del país, sería una irresponsabilidad.

Eso no significa renunciar al debate energético ni descartar automáticamente El Carrizal. Significa hacer exactamente lo contrario: discutirlo con rigor técnico, con transparencia absoluta y con participación real de las comunidades involucradas.

Porque el desarrollo no puede construirse enfrentando regiones, ignorando advertencias ambientales o minimizando dudas económicas razonables. Mucho menos en un departamento que necesita planificación seria y no nuevos espejismos.

Antes de represar el río, Bolivia debe evitar represar el debate.