Autonomías de trámite, centralismo de fondo
Las autonomías no fueron creadas para administrar competencias nacionales mal financiadas, sino para permitir que cada territorio decida su propio modelo de desarrollo
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ha puesto sobre la mesa un discurso que durante años estuvo ausente del poder central: el reconocimiento de que las autonomías bolivianas han sido progresivamente vaciadas de contenido. No le falta razón. Durante dos décadas, el país escuchó hablar de descentralización mientras el Estado consolidaba un esquema cada vez más centralizado, burocrático y dependiente de La Paz.
Por eso corresponde saludar algunas de las medidas anunciadas el pasado fin de semana. Eliminar trabas absurdas para modificaciones presupuestarias, reducir la cadena de autorizaciones para anticipos financieros o habilitar la firma digital son decisiones razonables. Nadie puede defender seriamente un modelo donde alcaldes y gobernadores deban peregrinar por los ministerios para resolver trámites administrativos elementales. Mucho menos en un país extenso, desigual y con urgencias territoriales tan distintas.
Toda simplificación administrativa es bienvenida. Toda reducción de burocracia ayuda. Pero conviene no confundir eficiencia operativa con autonomía real.
La autonomía verdadera no consiste en pedir permisos más rápido, sino en que las regiones tengan capacidad real para gestionar sus recursos y prioridades.
El problema de fondo no es solamente que los gobiernos subnacionales tengan demasiados formularios que llenar. El problema es que Bolivia construyó un sistema donde municipios y gobernaciones administran cada vez más responsabilidades, pero cada vez menos poder efectivo. Se les transfirieron obligaciones, no soberanía territorial. Se les entregó la carga política de resolver salud, educación, caminos, seguridad o desarrollo productivo, pero sin capacidad suficiente para decidir cómo generar recursos, cómo invertirlos o cómo definir prioridades propias.
Ese es el núcleo del debate que el Gobierno todavía evita.
Las autonomías no nacieron para convertir alcaldías y gobernaciones en oficinas desconcentradas encargadas de ejecutar competencias nacionales mal financiadas. Nacieron, al menos en teoría, para acercar el poder a quienes habitan el territorio; para que las regiones definan su propio modelo de desarrollo; para que los recursos producidos localmente tengan impacto local; para que las decisiones respondan a realidades concretas y no a planillas uniformes diseñadas desde el centro político.
Y allí Bolivia sigue atrapada en el mismo esquema extractivo y centralista de siempre.
El país continúa funcionando bajo una lógica donde el nivel central recauda, concentra, redistribuye y condiciona políticamente los recursos, mientras las entidades territoriales quedan subordinadas financiera y administrativamente. La dependencia no es accidental: es el mecanismo de control. Quien controla la caja controla también la política.
Por eso el debate serio no puede agotarse en agilizar anticipos o digitalizar trámites. La discusión verdadera debería ser otra: qué porcentaje de la riqueza generada en cada territorio permanece allí; qué competencias deben entregarse plenamente a las regiones; qué capacidad normativa y tributaria tendrán las autonomías; y, sobre todo, qué modelo económico reemplazará al viejo esquema rentista que hoy se encuentra agotado.
Tarija conoce especialmente bien esa contradicción. Durante años generó buena parte de los ingresos nacionales gracias al gas, mientras veía cómo muchas decisiones estratégicas sobre su desarrollo se tomaban lejos de su territorio. La experiencia dejó una lección evidente: transferir recursos no equivale necesariamente a construir autonomía.
La autonomía verdadera no consiste en pedir permiso más rápido. Consiste en necesitar pedir menos permisos.
Si el Gobierno realmente quiere abrir una nueva etapa en la relación con municipios y gobernaciones, tendrá que ir mucho más allá de desmontar algunos nudos burocráticos. Tendrá que aceptar que un país diverso no puede seguir administrándose bajo un centralismo fiscal y político que concentra decisiones, recursos y poder en un único eje estatal.
Porque al final, la pregunta de fondo sigue intacta: ¿se busca fortalecer a los territorios o simplemente hacer más eficiente su dependencia?
