El Sedeca o la urgencia de ordenar el camino
El Sedeca no puede seguir siendo una estructura costosa, conflictiva y de resultados discutibles; debe ser una herramienta al servicio de una política vial coherente, realista y orientada al bien común
La red vial de un departamento no es solo una cuestión de infraestructura: es, ante todo, un asunto de seguridad, integración y desarrollo. En Tarija, sin embargo, el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) vuelve a instalarse como uno de los principales dolores de cabeza de la nueva gestión, no tanto por lo que hace, sino por cómo lo hace.
El dato es contundente: más de 52.000 bolivianos por kilómetro mantenido por el Sedeca frente a poco más de 3.000 en las subgobernaciones. La diferencia no es menor ni puede explicarse únicamente por criterios técnicos o por la calidad de las intervenciones. Lo que evidencia, en el fondo, es un sistema desordenado, con superposición de competencias, sin una planificación clara y, sobre todo, sin una jerarquización real de prioridades.
El problema de fondo es conocido: Tarija no cuenta hoy con los recursos suficientes para sostener el modelo vial que alguna vez tuvo
Durante años, el Sedeca fue símbolo de la capacidad autonómica para ejecutar obra pública. Hoy, en cambio, aparece atrapado entre disputas políticas, decisiones judiciales contradictorias y una estructura que no termina de adaptarse a la realidad presupuestaria actual. Ni su cierre ni su defensa corporativa han ofrecido soluciones sostenibles. Lo que falta no es retórica, sino gestión.
El problema de fondo es conocido: Tarija no cuenta hoy con los recursos suficientes para sostener el modelo vial que alguna vez tuvo. Y frente a esa limitación, la respuesta no puede ser mantener inercias ni multiplicar estructuras paralelas. Es imprescindible ordenar el sistema, definir con claridad quién hace qué, evitar duplicidades y, sobre todo, concentrar los esfuerzos donde realmente se necesitan.
La prioridad debe ser inequívoca: garantizar la seguridad vial. Antes que grandes obras o proyectos políticamente atractivos, lo urgente es asegurar que las rutas existentes estén en condiciones adecuadas para quienes las utilizan a diario. Eso implica mantenimiento oportuno, señalización, prevención de riesgos y una gestión técnica eficiente.
Para ello, la nueva administración departamental tiene por delante varias tareas ineludibles. La primera, actualizar de manera seria y transparente el plan vial, con criterios técnicos y no coyunturales. La segunda, ordenar las competencias entre el nivel central, la Gobernación y las subgobernaciones, evitando la dispersión de recursos. Y la tercera, explorar mecanismos de financiamiento viables —incluidos aquellos que puedan resultar impopulares— pero siempre bajo un principio claro: cada boliviano invertido debe traducirse en mejores condiciones de circulación.
El Sedeca no puede seguir siendo un “caramelo trampa”: una estructura costosa, conflictiva y de resultados discutibles. Tampoco puede convertirse en un campo de disputa política permanente. Debe ser, en cambio, una herramienta al servicio de una política vial coherente, realista y orientada al bien común.
Tarija necesita caminos. Pero, sobre todo, necesita saber hacia dónde va.
