Ferrocarriles, pensiones y el Estado ausente

Hay decisiones que se toman hablando. Y hay decisiones que se toman callando. En Bolivia, demasiadas veces, el silencio es la forma más eficaz de gobernar.

Lo ocurrido en torno a las empresas ferroviarias —Ferroviaria Oriental y Ferroviaria Andina— no es un episodio aislado ni un exceso puntual del mercado. Es la expresión más nítida de un circuito que lleva años funcionando sin frenos: dinero previsional que financia deuda privada, estructuras societarias opacas y un Estado que, pudiendo intervenir, opta por no hacerlo.

La alerta no vino de un actor político ni de un competidor local, sino de una instancia judicial extranjera: la Corte de Apelaciones de Santiago advirtió que no es posible identificar con claridad el control efectivo ni a los beneficiarios finales de las concesionarias ferroviarias bolivianas. Es decir, el país ha entregado un sector estratégico sin tener certeza sobre quién lo maneja realmente.

Frente a ese escenario, la normativa boliviana ofrecía herramientas claras: condicionar financiamiento, exigir garantías, reforzar supervisión. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, el flujo de recursos continuó, e incluso se amplificó.

No es falta de normas, es falta de voluntad: cuando el Estado calla, el dinero de todos queda sin defensa

Y aquí aparece el segundo elemento crítico: el origen de ese dinero. No se trata únicamente de crédito bancario ni de inversión privada convencional. Una parte sustancial de esos recursos proviene —directa o indirectamente— de los fondos de pensiones, es decir, del ahorro de millones de trabajadores bolivianos.

El mecanismo es conocido, pero no por ello menos preocupante: los fondos se canalizan a través de bancos y fondos de inversión, estos adquieren bonos de las empresas ferroviarias, y estas sostienen su operación —y su endeudamiento— con nuevas emisiones o ingresos extraordinarios. Un circuito cerrado donde el riesgo se socializa, pero los beneficios se concentran, porque no hay que olvidar, en este caso, que el "inversor extranjero" no trae capital extranjero y arriesga poco, pero sí expatría los dividendos a países extranjeros.

El problema no es solo financiero. Es, sobre todo, institucional.

Cuando el regulador comparte vínculos con el regulado, cuando la puerta giratoria se normaliza y cuando no existen declaraciones claras ni públicas de conflicto de interés, lo que se erosiona no es solo la transparencia: es la credibilidad del Estado como garante del interés general.

A esto se suma un elemento adicional de fragilidad: la sostenibilidad real del modelo. Los indicadores financieros muestran márgenes estrechos, coberturas en deterioro y una dependencia creciente de artificios contables para sostener ratios que permitan seguir emitiendo deuda. No es crecimiento; es postergación del problema.

Mientras tanto, el Estado mantiene participación accionaria relevante en estas empresas, pero sin ejercer control efectivo ni dirección estratégica. Es, en los hechos, un socio pasivo en un negocio que compromete recursos públicos indirectos.

La pregunta de fondo, entonces, es inevitable: ¿quién está defendiendo el interés de los aportantes?

No se trata de demonizar la inversión ni de cerrar el mercado de valores. Se trata de algo mucho más básico: garantizar que el ahorro previsional se administre con criterios de prudencia, transparencia y responsabilidad fiduciaria. Y que los sectores estratégicos no queden atrapados en estructuras que el propio Estado no logra —o no quiere— comprender.

Recuperar el Estado no significa estatizarlo todo. Significa ejercer autoridad donde corresponde. Significa regular con independencia. Significa, sobre todo, poner límites cuando el dinero de todos está en juego.

Hoy, en Bolivia, el problema no es la falta de normas. Es la ausencia de voluntad para aplicarlas.

Y ese, más que cualquier déficit financiero, es el verdadero riesgo sistémico.