Trabajar para vivir

Cada 1 de mayo, Bolivia conmemoraba el Día del Trabajador entre homenajes, discursos y anuncios que solían repetirse año tras año. El cambio de gobierno ha “despertado” la vena combativa de la Central Obrera Boliviana (COB), que ciertamente durante años languideció ante los gobiernos del MAS, que nunca lograron dinamizar el mercado de trabajo, sino más bien todo lo contrario. Detrás de la solemnidad de la fecha siempre ha persistido una realidad mucho menos festiva: millones de bolivianos trabajan en condiciones precarias, sin estabilidad, sin protección social suficiente y, cada vez más, con salarios que pierden valor frente al avance de la inflación.

Ese es hoy el núcleo del problema mucho más allá de los diagnósticos importados que parten de una “necesidad de sufrimiento” que, por supuesto, se aplica a los más pobres.

No basta con tener empleo cuando ese empleo no alcanza para vivir con dignidad. Tampoco basta con decretar incrementos salariales si, pocos meses después, el aumento queda licuado por el encarecimiento de los alimentos, del transporte, de los servicios básicos y de casi todo aquello que compone la vida cotidiana. El trabajador no mide su bienestar por el porcentaje anunciado en una conferencia de prensa, sino por lo que realmente puede comprar con su sueldo.

En ese terreno, la situación se vuelve cada vez más delicada. El deterioro del poder adquisitivo golpea especialmente a quienes menos margen tienen: asalariados de ingresos medios y bajos, trabajadores independientes, informales y familias que destinan casi todo su presupuesto al consumo básico. Cuando el salario deja de rendir, la crisis se vuelve tangible en la mesa, en la farmacia y en la escuela. La “narrativa” del gobierno y los sectores empresariales está olvidando este parámetro.

Es verdad, defender a los trabajadores hoy exige también defender la estabilidad económica. Cuidar el poder de compra no es una consigna empresarial ni una abstracción técnica: es una política social de primer orden. La inflación sostenida castiga más que cualquier impuesto y erosiona silenciosamente la calidad de vida.

Pero reducir todo el debate laboral al salario mínimo o al porcentaje de incremento anual sería volver a mirar solo una parte del problema. Bolivia necesita discutir en serio la estructura de su mercado laboral. La informalidad sigue siendo dominante, la productividad es baja en muchos sectores y el costo de contratar formalmente – por la impunidad con la que se mueve la informalidad - desincentiva nuevas oportunidades de empleo.

Eso obliga a pensar reformas más profundas: incentivos a la formalización, capacitación laboral moderna, apoyo a pequeñas y medianas empresas, simplificación normativa, acceso al crédito productivo y políticas que premien la innovación y la eficiencia. No se trata de precarizar ni de recortar derechos, sino de construir un sistema donde sea viable generar empleo formal y bien remunerado.

Un país competitivo no es aquel que paga salarios miserables, sino aquel donde sus trabajadores producen más porque cuentan con herramientas, formación, tecnología y un entorno económico razonable. Solo así los salarios pueden crecer de manera sostenible y no por decreto transitorio.

También corresponde revisar el rol de la negociación laboral en Bolivia. El diálogo entre Estado, empresarios y trabajadores no puede seguir atrapado en rituales ideológicos ni en posiciones inamovibles. Hace falta una agenda moderna, centrada en resultados y en el bienestar real de la gente.

En este 1 de mayo, el mejor homenaje al trabajador boliviano no son los discursos grandilocuentes. Es garantizarle empleo digno, ingresos suficientes y un horizonte de progreso.

Porque trabajar debe servir para vivir mejor. No apenas para sobrevivir.

DESTACADO.- Cuando el salario deja de rendir, la crisis se vuelve tangible en la mesa, en la farmacia y en la escuela. La “narrativa” oficial está olvidando este aspecto