Subcontratar la soberanía

Bolivia vuelve a enfrentarse a una discusión conocida, aunque ahora revestida de lenguaje técnico y prestigio académico: la idea de que nuestro principal problema económico es la “baja complejidad” productiva y que la solución natural pasa por una apertura irrestricta a la inversión extranjera directa. El argumento, presentado recientemente desde espacios como el Harvard Growth Lab, no carece de elementos atendibles. Bolivia necesita diversificar su economía, elevar productividad y generar nuevas capacidades. Lo preocupante no es el diagnóstico parcial, sino la receta única.

Porque detrás de cierta neutralidad tecnocrática suele esconderse una vieja premisa: que el conocimiento relevante siempre viene de fuera y que el país solo puede progresar si acepta un rol subordinado en la cadena global de valor.

Es una visión limitada y peligrosa.

Nadie discute que la inversión extranjera puede ser útil, incluso decisiva, en determinados sectores. Lo fue en distintos momentos de nuestra historia y probablemente volverá a serlo. Pero convertirla en eje excluyente del desarrollo equivale a renunciar de antemano a algo más importante: la capacidad nacional de decidir qué producir, cómo producir y con quién asociarse.

Detrás de cierta neutralidad tecnocrática suele esconderse una vieja premisa: que el conocimiento relevante siempre viene de fuera y que el país solo puede progresar si acepta un rol subordinado en la cadena global de valor

La soberanía económica del siglo XXI no se mide solo en fronteras o reservas internacionales. Se mide en capacidad tecnológica, en talento humano, en instituciones capaces de negociar bien y en empresas públicas o privadas que aprendan, innoven y escalen. Un país que solo compra tecnología termina alquilando su futuro.

Bolivia no necesita cerrarse al mundo, pero tampoco entregarse a una sola lógica. En sectores estratégicos como el litio, la minería crítica, la energía o la agroindustria, el desafío no debería ser simplemente atraer capital, sino construir alianzas inteligentes. Eso implica negociar transferencia tecnológica, formación de profesionales locales, participación en cadenas de mayor valor agregado y diversificación de socios internacionales.

Reducir el debate a una dicotomía entre estatismo ineficiente y apertura total es una trampa intelectual. Existen modelos intermedios, pragmáticos y exitosos en distintas regiones del mundo. Países que aprovecharon capital externo sin ceder conducción estratégica. Estados que protegieron sectores nacientes mientras incorporaban conocimiento global. Gobiernos que entendieron que abrirse no es obedecer.

También conviene desconfiar del fatalismo. Instalar la idea de que Bolivia es estructuralmente incapaz de desarrollar tecnología propia o de financiar proyectos complejos es funcional a quienes prefieren mercados cautivos y proveedores permanentes. El país tiene limitaciones evidentes, pero también capacidades demostradas en energía, telecomunicaciones, agroindustria y servicios técnicos cuando hubo dirección y continuidad.

El verdadero debate, por tanto, no es si llega o no inversión extranjera. Es bajo qué condiciones llega y para beneficio de quién.

Si los recursos naturales salen sin encadenamientos productivos, si la tecnología entra como caja cerrada, si los empleos calificados quedan fuera y si las decisiones estratégicas se toman en otros despachos, entonces no habrá desarrollo: habrá dependencia modernizada.

Bolivia necesita escuchar ideas externas, por supuesto. Pero no asumirlas como dogma. Los informes internacionales pueden orientar; no deben gobernar.

La soberanía no consiste en aislarse, sino en elegir con inteligencia. Y esa elección no puede delegarse ni a mercados automáticos ni a algoritmos extranjeros.