Primero las competencias
La autonomía, bien entendida, sigue siendo la mejor herramienta para administrar un país diverso y complejo como Bolivia
Acabadas las elecciones autonómicas y luego de la cordial reunión entre el presidente y los gobernadores electos, el debate sobre la distribución de recursos entre el nivel central y las entidades autónomas vuelve al centro de la agenda política, impulsado por la propuesta base del presidente Rodrigo Paz de avanzar hacia un esquema de reparto del 50%. La idea, en apariencia, apunta a fortalecer la autonomía y corregir desequilibrios históricos. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en Bolivia, el orden de los factores vuelve a ser determinante.
Porque antes de discutir cuánto dinero se reparte, corresponde definir con claridad para qué se lo va a usar.
Un modelo en el que los recursos acompañen a las competencias, donde cada nivel de gobierno cuente con los medios necesarios para cumplir sus funciones, y que rinda cuentas
El problema de fondo no es únicamente financiero, sino estructural. El modelo autonómico boliviano arrastra desde su origen una ambigüedad persistente en la delimitación de competencias. Las gobernaciones, los municipios y el propio nivel central operan muchas veces en zonas grises, con responsabilidades superpuestas, marcos normativos difusos y una débil articulación institucional. En ese contexto, inyectar más recursos sin redefinir funciones puede agravar las ineficiencias existentes en lugar de resolverlas.
Las dudas que hoy expresan varios gobernadores no son menores. Un esquema de mayor transferencia que termine financiando estructuras administrativas sobredimensionadas, o que derive en mayor endeudamiento para sostener gasto corriente, no solo es insostenible, sino que contradice el espíritu mismo de la autonomía. No se trata de repartir más para gastar más, sino de asignar mejor para gestionar mejor.
Por eso, insistir en una reforma competencial no es un tecnicismo: es una condición previa. Bolivia necesita revisar, probablemente a nivel constitucional, quién hace qué en el Estado. Definir con precisión las responsabilidades en áreas clave como salud, educación, infraestructura, desarrollo productivo y gestión ambiental. Establecer mecanismos de coordinación efectivos y, sobre todo, eliminar duplicidades que hoy consumen recursos sin generar valor público.
Solo a partir de esa claridad será posible diseñar un sistema de financiamiento coherente. Un modelo en el que los recursos acompañen a las competencias, donde cada nivel de gobierno cuente con los medios necesarios para cumplir sus funciones, pero también con la responsabilidad de rendir cuentas por sus resultados.
La autonomía, bien entendida, sigue siendo una de las mejores herramientas para administrar un país diverso y complejo como Bolivia. Acerca la decisión al territorio, permite respuestas más ajustadas a las realidades locales y fomenta la corresponsabilidad. Pero para que funcione, requiere reglas claras, instituciones sólidas y un diseño que priorice la eficiencia sobre la inercia.
El riesgo de avanzar en sentido contrario es evidente: construir un modelo más costoso, más fragmentado y menos eficaz.
El debate está abierto y es necesario. Pero conviene no perder de vista lo esencial. Primero las competencias. Después, los recursos.
Solo así la autonomía dejará de ser una consigna para convertirse, de verdad, en un modelo de Estado que funcione.
