TSE: Árbitro en entredicho
Determinaciones incoherentes entre sí, criterios que cambian según el caso y una falta de previsibilidad que deja a actores políticos y ciudadanía en un terreno incierto
Si algo ha quedado en evidencia tras los dos últimos ciclos electorales —las presidenciales de 2025 y las autonómicas de 2026— es que el Tribunal Supremo Electoral ha dejado de ser percibido como un árbitro confiable para convertirse en un actor más dentro del juego político. Y cuando el árbitro entra en discusión, el partido entero pierde sentido.
No se trata de un cuestionamiento menor ni coyuntural. Y no sirve como excusa que “se hayan elegido autoridades”, cuando las inconsistencias han estado a la orden del día. La reiteración de decisiones polémicas ha ido configurando un patrón preocupante: inseguridad jurídica, discrecionalidad en la habilitación e inhabilitación de candidaturas y siglas, y una interpretación de la norma que, lejos de favorecer la participación, ha tendido a restringirla. En democracia, ese sesgo es particularmente grave.
El problema no es solo lo que se decide, sino cómo se decide. Determinaciones incoherentes entre sí, criterios que cambian según el caso y una falta de previsibilidad que deja a actores políticos y ciudadanía en un terreno incierto. La ley electoral debería ser un marco claro, estable y garantista; hoy, en cambio, parece un instrumento maleable, sujeto a interpretaciones coyunturales.
A esto se suma un elemento aún más delicado: la duda razonable sobre la constitucionalidad del presidente del órgano electoral
A esto se suma un elemento aún más delicado: la duda razonable sobre la constitucionalidad del presidente del órgano electoral, heredero del mandato de seis años que inició por designación presidencial Salvador Romero en diciembre de 2019, que sustituyó tras renuncia Dina Chuquimia, quien a su vez fue sustituida por Gustavo Ávila por determinación discrecional de Luis Arce y cuya apelación en el Tribunal Constitucional está pendiente de resolución. Ávila fue “ratificado” por Paz Pereira en febrero de 2026, pero el vacío es más que evidente.
En un contexto donde la confianza institucional ya es frágil, este tipo de cuestionamientos no puede ser ignorado ni relativizado. La legitimidad no se impone, se construye, y se erosiona rápidamente cuando no hay respuestas claras.
A esto se suma un afán quizá sintomático de esta deriva, que es el cambio de actitud de los propios vocales. El afán por figurar en actos institucionales, por ocupar espacios que no les corresponden y por proyectarse públicamente más allá de su rol técnico, ha contribuido a desdibujar la naturaleza del órgano. El Tribunal Electoral no está para protagonizar, sino para garantizar reglas y hacerlas cumplir con imparcialidad.
El resultado de todo este accionar es evidente: se ha terminado perjudicando, primero, al propio gobierno de Rodrigo Paz —que depende de procesos electorales creíbles para sostener su legitimidad— y, de forma más amplia, a la confianza ciudadana en el sistema democrático. Sin confianza, no hay estabilidad posible.
Por eso, la salida no puede ser cosmética. No basta con ajustes menores ni con parches sobre una estructura desgastada. Es necesario encarar una nueva ley electoral, pero hacerlo en serio: con tabla rasa, revisando principios, procedimientos y garantías desde la base. Y aquí conviene ser claros: es difícil enderezar un puente cuando empezó torcido. Borrón y cuenta nueva,
Bolivia necesita recuperar un órgano electoral que esté a la altura de su función: predecible, transparente, garantista y, sobre todo, respetado por lo que hace, no por lo que dice. Porque en democracia, las reglas del juego son tan importantes como el resultado. Y hoy, esas reglas están en discusión.
