Volver a la raíz: gas, soberanía y futuro
Hidrocarburos en debate: tres modelos enfrentados y una decisión urgente en un país con reservas en declive
Bolivia no enfrenta un simple debate técnico sobre hidrocarburos. Está ante una decisión estructural que definirá su viabilidad económica en la próxima década. Con reservas de gas que han caído un 57% en diez años, producción en descenso y un horizonte cada vez más cercano de importación energética, el país discute —por octava vez— una nueva ley. Pero esta vez el margen de error es mínimo.
La tentación de repetir fórmulas conocidas vuelve a imponerse en el discurso oficial: atraer inversión a cualquier costo, flexibilizar condiciones, compartir riesgos… y, en la práctica, también la renta. La propuesta del gobierno de Rodrigo Paz se inscribe en esa lógica. Promete dinamismo, pero lo hace a costa de resignar miles de millones de dólares en ingresos futuros para el Estado. No es una hipótesis ideológica: es una proyección basada en la propia experiencia boliviana. Ya se probó ese camino, y los resultados fueron magros para el país.
La alternativa conservadora, que propone ajustes sin tocar el núcleo del modelo vigente, tiene la virtud de la prudencia, pero carece de ambición. En un contexto de declive acelerado, administrar la inercia es otra forma de retroceder.
La propuesta de Andrés Soliz Rada ofrece algo que Bolivia aún no ha intentado plenamente: financiar su propio desarrollo sin ceder el control de sus recursos estratégicos.
Por eso resulta inevitable volver la mirada hacia una propuesta que, durante veinte años, fue deliberadamente ignorada. El anteproyecto de Andrés Soliz Rada no era un gesto retórico ni una consigna política. Era —y sigue siendo— un diseño concreto de soberanía económica: transformar a YPFB en una corporación capaz de financiar su propio desarrollo, acceder a mercados de capital y movilizar el ahorro interno sin ceder control a las transnacionales.
Lo paradójico es que ese camino no solo era viable en 2006; hoy es constitucional. Bolivia ya definió, en su norma fundamental, que los recursos naturales no pueden ser objeto de apropiación privada en los mercados financieros y que el ahorro interno está bajo tuición estatal. Es decir, el país tiene las herramientas legales para hacer lo que nunca se animó a ejecutar plenamente.
La pregunta, entonces, no es técnica, sino política: ¿por qué Bolivia debería financiar el desarrollo de otros cuando puede financiar el suyo? Empresas como Repsol han demostrado, con pragmatismo empresarial, que es posible captar recursos en el propio mercado boliviano y utilizarlos estratégicamente. Lo que ellas hicieron para sí mismas, el Estado boliviano aún no ha decidido hacerlo para todos.
Apostar por la propuesta de Soliz Rada no implica negar la necesidad de inversión ni cerrar la puerta al capital externo. Implica, más bien, redefinir la relación: el capital debe complementar, no sustituir; asociarse, no condicionar; invertir, no extraer sin reponer. Y, sobre todo, debe hacerlo bajo reglas donde el control y la dirección estratégica permanezcan en manos del Estado.
El tiempo de las medias tintas ha terminado. Los descubrimientos recientes, logrados por técnicos bolivianos, demuestran que la capacidad existe. Lo que falta es decisión. Decisión para romper con la dependencia, para dejar de administrar la escasez y empezar a construir una nueva base productiva.
Bolivia no necesita una octava ley. Necesita, por fin, un rumbo. Y ese rumbo pasa por recuperar la idea más elemental de todas: que los recursos del país deben servir, primero, al país.
