El TSE y el voto
La función del árbitro electoral no es encontrar el resquicio para excluir, sino el camino para incluir con transparencia y legalidad
En toda democracia, el árbitro no está para reducir el juego, sino para hacerlo posible. Ese principio básico debería guiar cada decisión del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, en los últimos procesos, se ha instalado una percepción preocupante: un órgano más enfocado en interpretar la norma con celo restrictivo que en garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto.
La diferencia no es menor. Interpretar la ley es una obligación; hacerlo con criterio garantista es una responsabilidad democrática, pero cuando la balanza se inclina sistemáticamente hacia la exclusión —inhabilitaciones discutibles, requisitos excesivos, rigideces procedimentales— el sistema no se fortalece: se debilita. Porque cada ciudadano que queda fuera no es un número menos, es una voz silenciada.
No se trata de flexibilizar la ley hasta vaciarla de contenido, sino de interpretarla con sentido democrático, entendiendo que el objetivo último es que más personas participen, no menos
El voto no es una concesión administrativa. Es un derecho político fundamental.
Por supuesto, toda elección necesita reglas claras y cumplimiento estricto. La seguridad jurídica es indispensable para evitar arbitrariedades. Pero la función del árbitro electoral no es encontrar el resquicio para excluir, sino el camino para incluir con transparencia y legalidad. Ese es el estándar en las democracias que han entendido que la legitimidad no solo se construye en las urnas, sino en el acceso equitativo a ellas.
En Bolivia, donde la confianza institucional atraviesa ciclos de fragilidad, el rol del órgano electoral es aún más delicado. No basta con ser imparcial: hay que parecerlo. Y, sobre todo, hay que actuar en consecuencia con una lógica de ampliación de derechos, no de restricción.
Cada decisión cuenta.
Cuando se endurecen criterios sin pedagogía pública, cuando se prioriza el formalismo sobre el fondo, cuando se pierde de vista que detrás de cada trámite hay ciudadanos, el sistema se aleja de su razón de ser. No se trata de flexibilizar la ley hasta vaciarla de contenido, sino de interpretarla con sentido democrático, entendiendo que el objetivo último es que más personas participen, no menos.
La democracia boliviana necesita más inclusión, no más filtros.
En tiempos donde la desafección política crece y la participación se vuelve un desafío, restringir el voto es un lujo que el país no puede permitirse. Al contrario, el esfuerzo debería estar orientado a facilitar, a acercar, a generar confianza. A garantizar que cada boliviano que quiera votar, pueda hacerlo sin obstáculos innecesarios.
El Tribunal Supremo Electoral tiene en sus manos una tarea crucial: custodiar la voluntad popular. Para ello, no basta con aplicar la norma; hay que entender su espíritu. Escudarse en que en el futuro habrá una Ley mejor, con estos antecedentes, es sin duda una extraña forma de justificar excesos y arbitrariedades.
Y el espíritu de la democracia es claro: incluir, no excluir.
