La Gestora, el Ferrocarril y el Bioceánico (II)

Hay un actor silencioso en toda esta historia relacionada con el ferrocarril. No aparece en los directorios, no da conferencias y no participa en las decisiones. Pero financia una parte sustancial del sistema. Son los ahorros de los trabajadores bolivianos.

El debate sobre el ferrocarril —y, en general, sobre los grandes proyectos estratégicos del país— suele centrarse en operadores, inversiones y disputas de control. Sin embargo, pocas veces se pone el foco en el rol que cumple la Gestora Pública y, a través de ella, el sistema de pensiones, el mayor fondo de inversión de Bolivia. Ahí está uno de los nudos más delicados: el dinero que sostiene parte de este esquema no es privado en sentido estricto, es previsional.

La discusión ya no es solo sobre rieles: es sobre quién decide el destino del ahorro colectivo.

Y ese detalle lo cambia todo.

Hoy, el fondo de pensiones no solo participa como accionista en las empresas ferroviarias. También actúa como acreedor mediante la compra de bonos emitidos por esas mismas compañías. Es decir, está expuesto dos veces al mismo riesgo: si la empresa funciona mal, pierde como socio; si enfrenta dificultades financieras, pierde como prestamista.

No es una anomalía técnica. Es una decisión de diseño.

En condiciones normales, esa doble exposición ya exigiría altos niveles de transparencia y control. Pero el contexto actual multiplica la preocupación. La incertidumbre sobre la estructura de propiedad, la debilidad institucional y la falta de definiciones claras sobre el futuro del sector convierten esa exposición en un riesgo sistémico silencioso.

El episodio reciente del eurobono ayuda a entender la lógica de fondo.

Mientras el Estado garantizaba el pago de sus obligaciones externas en dólares, los grandes tenedores internacionales recibieron divisas duras. En paralelo, el sistema de pensiones —es decir, los ahorros de millones de bolivianos— fue retribuido con instrumentos en moneda local. En un escenario de devaluación e inflación, la consecuencia es evidente: el riesgo cambiario no desaparece, se traslada. Y se traslada hacia adentro.

El contraste es elocuente. Afuera, acreedores con capacidad de presión y negociación. Adentro, trabajadores cuyos ahorros son administrados sin capacidad de decisión directa. Unos cobran en dólares. Otros asumen el riesgo en bolivianos. La pérdida de valor, en ese contexto, no es una hipótesis: es una probabilidad creciente.

No se trata de una anomalía aislada, sino de una señal.

Cuando el sistema financiero, los proyectos estratégicos y los fondos previsionales empiezan a cruzarse sin reglas suficientemente claras, el problema deja de ser sectorial. Se vuelve estructural. Porque el riesgo deja de estar localizado y pasa a distribuirse en la base del sistema: los aportantes.

Y lo hace sin ruido.

La discusión sobre el ferrocarril, en este punto, ya no es solo sobre infraestructura o integración regional. Es también sobre la administración del ahorro colectivo. Sobre quién decide dónde se invierte, bajo qué criterios y con qué nivel de información.

Porque, en los hechos, los bolivianos ya están financiando este sistema.

La pregunta es si alguien está realmente defendiendo sus intereses.