El costo que Espinoza no mencionó
El Estado pagó, pero los bonos que recibirán las pensiones como contraparte valdrán, en dólares, casi la mitad en dos años. Eso no es gestión de pasivos. Es traslado de costos
Hay una forma de comunicar que no miente. Selecciona, ordena y enfatiza con tal precisión que la verdad que omite pesa más que la que exhibe. El mensaje que el ministro José Gabriel Espinoza publicó el viernes 27 de marzo en su cuenta de X —el mismo día en que El País ponía en circulación otra investigación sobre las pensiones bolivianas— es un ejercicio consumado de esa forma.
Espinoza anunció que Bolivia pagó más de USD 500 millones de deuda externa en un solo mes, el monto más alto de su historia, con recursos propios y sin sobreendeudamiento. Es cierto. Anunció también que una gestión de pasivos redujo en más de USD 800 millones la deuda en bonos soberanos. También es cierto. Y mencionó el reconocimiento de las calificadoras de riesgo como señal de que el país cumple y estabiliza. Igualmente, cierto.
Lo que el comunicado no dice es dónde quedó ese costo. La investigación publicada el viernes por El País documenta con precisión lo que el ministro llama gestión de pasivos: los bonos en dólares en poder de la Gestora Pública —que representa el 50% de los títulos negociados— y del Banco Central fueron canjeados por instrumentos en bolivianos. Los acreedores privados externos, el 33% restante, recibieron su pago en dólares. El Estado preservó divisas. El fondo de pensiones de 2,79 millones de trabajadores bolivianos absorbió la diferencia. S&P Global, la misma calificadora que Espinoza cita como aval, proyecta que el boliviano se depreciará a Bs 10,40 por dólar a fin de este año y a Bs 13 en 2027. Los bonos que recibirán las pensiones como contraparte valdrán, en dólares, casi la mitad en dos años. Eso no es gestión de pasivos. Es traslado de costos.
Hay además una ausencia en el comunicado que no es menor. La contraparte boliviana de esa renegociación —la Gestora Pública— lleva quince años operando sin el Directorio que la Ley de Pensiones exige para aprobar exactamente este tipo de decisión. Cuatro gobiernos. Ninguno activó el mecanismo. El actual tampoco. Una operación de esta magnitud, sobre el mayor activo financiero del Estado boliviano, se tomó sin el órgano institucional que debía autorizarla. El ministro no lo menciona. Quizás porque mencionarlo obligaría a explicar por qué en cuatro meses de gobierno no se ha constituido ese Directorio, no se han reanudado los informes de cartera suspendidos en junio del año pasado, y no se han cubierto las seis posiciones técnicas vacantes en una institución que administra casi USD 30 mil millones.
Llamar irresponsables a los análisis críticos en ese contexto no es solo una decisión comunicacional. Es una señal sobre cómo este gobierno procesa el escrutinio público. Y es una señal que conviene registrar, porque viene de un funcionario al que sus propios círculos atribuyen ambiciones presidenciales de largo plazo. Un político en construcción que aprende a hablar de los logros sin hablar de quién los pagó es un político que está practicando algo. Bolivia merece saber qué.
Este medio no tiene interés en magnificar la crisis ni en desconocer lo que el gobierno de Rodrigo Paz ha conseguido en cuatro meses difíciles. Tiene el interés, más modesto y más exigente, de publicar lo que ocurrió con exactitud: Bolivia hizo el pago más grande de su historia. Lo hizo, en parte, con el ahorro de sus trabajadores. Sin que el órgano legalmente responsable de autorizar esa decisión existiera. Y sin que los trabajadores lo supieran.
Eso no es irresponsable de analizar. Es necesario de entender.
