El valor de Potosí y el desafío de un nuevo pacto minero
Potosí ha sido el corazón minero de Bolivia y del continente. Honrar su historia exige corregir las inequidades que la atraviesan desde hace siglos.
Potosí cumplió en medio de la vorágine presidencial y del traspaso de mando gubernamental un nuevo aniversario este pasado 10 de noviembre. Con él se renovó la admiración de todo el país por una región que, desde su fundación, ha sido símbolo de riqueza, resistencia y sacrificio. La Villa Imperial no solo dio nombre a la opulencia del mundo colonial, sino que marcó la historia económica y social de Bolivia entera. Su cerro sigue siendo emblema y herida, testigo de una paradoja que acompaña al país desde hace siglos: la abundancia natural que no se traduce en bienestar para su pueblo.
Celebrar a Potosí es reconocer su aporte innegable al país, no solo por su historia minera sino por su temple cívico, su identidad cultural y su capacidad de sobreponerse a las adversidades. Pero también debe ser una oportunidad para repensar la estructura que ha hecho posible que, a pesar de dar tanto, reciba tan poco. El Ministerio de Minería, tal como está concebido, no es solución ni respuesta a nada. Las regalías mineras —concebidas hace décadas bajo lógicas de otra época— hoy resultan insuficientes para enfrentar los retos contemporáneos del desarrollo regional.
El mejor homenaje a Potosí no es la nostalgia por su pasado glorioso, sino la decisión política de que su riqueza sirva, por fin, para construir un futuro más justo.
El debate no debería ser si Potosí merece más, sino cómo lograr que su riqueza mineral se convierta en una palanca real de transformación económica y social. En un país que busca alternativas postgasíferas, urge repensar el marco normativo que regula la minería, de manera que no solo beneficie al Estado central o a las empresas, sino que garantice ingresos sostenibles para las regiones productoras y un fondo nacional de diversificación económica.
Una modificación estructural de la Ley de Regalías Mineras permitiría distribuir de forma más justa los beneficios, generar recursos para proyectos de valor agregado, fortalecer la industrialización y, sobre todo, invertir en las personas: en educación técnica, innovación y emprendimiento local. La minería no puede seguir siendo un destino, sino un punto de partida para un desarrollo más equilibrado y sostenible.
El país entero debe entender que lo que ocurra con Potosí no es un problema local, sino un reflejo del modelo extractivo que aún condiciona a Bolivia. Si la historia del Cerro Rico fue la del agotamiento, la historia futura de Potosí debe ser la de la reconstrucción sobre nuevas bases: conocimiento, tecnología, sostenibilidad y justicia territorial.
En esta coyuntura y con el aniversario aun cercano, más que un homenaje retórico, el mejor tributo sería avanzar hacia un nuevo pacto minero nacional, en el que cada tonelada extraída deje también una huella de progreso y esperanza. Potosí lo merece; el país lo necesita.
