El “dilema” del ahorro interno y la inversión extranjera

Bolivia no puede seguir financiando, con el sacrificio de sus trabajadores, el crecimiento de corporaciones extranjeras. El ahorro interno debe invertirse en infraestructura, innovación y producción nacional

El ahorro interno es, en cualquier nación, el cimiento más sólido para el desarrollo. No hay economía que pueda sostener un crecimiento estable y soberano sin recurrir a los recursos generados por su propia población. Sin embargo, en Bolivia esa riqueza —constituida principalmente por los aportes jubilatorios de millones de trabajadores— ha sido sistemáticamente orientada hacia fines que poco o nada tienen que ver con el progreso del país. El reciente caso de Telecel es solo un ejemplo, pero resume con claridad una contradicción que se arrastra desde hace décadas.

En octubre de 2023, la empresa captó 520 millones de bolivianos del mercado de valores local, con la promesa de destinarlos a inversión tecnológica, capital de operaciones y refinanciamiento de deudas. Apenas dos meses después, decidió prestar hasta 450 millones de esos mismos recursos a sus casas matrices extranjeras. El dinero que provenía, en su mayoría, del ahorro jubilatorio de los bolivianos terminó financiando movimientos corporativos en Curazao y Suecia.

El Estado, y en particular el Gobierno del MAS, en lugar de corregir este desvío, lo ha avalado mediante leyes y regulaciones que blindan las operaciones

No se trata de un episodio aislado. Desde 2012, Telecel ha emitido bonos en Bolivia por más de 4.700 millones de bolivianos, una cifra que equivale a 675 millones de dólares. La mayor parte de estos papeles fueron adquiridos por las AFP primero y la Gestora después, con un rendimiento modesto para los jubilados, pero una fuente de financiamiento barato y seguro para la multinacional. El resultado es paradójico: en lugar de atraer inversión extranjera directa, como dicta la narrativa oficial, el país termina exportando ahorro nacional para sostener la expansión de capitales externos.

El fondo del problema no está en una empresa concreta, sino en la estructura. Bolivia ha confundido por demasiado tiempo la inversión extranjera con la dependencia de capitales corporativos que no aportan tecnología ni conocimiento, sino que se sirven de la plaza financiera nacional para abaratar costos y remitir utilidades. El Estado, y en particular el Gobierno del MAS, en lugar de corregir este desvío, lo ha avalado mediante leyes y regulaciones que blindan las operaciones, sin exigir transparencia ni compromisos efectivos con la economía real del país.

La pregunta que se impone es elemental: ¿qué pasaría si esos mismos miles de millones se orientaran a financiar proyectos productivos internos, infraestructura estratégica, innovación tecnológica local o cadenas de valor agroindustriales y energéticas? La respuesta es evidente: estaríamos sentando las bases de un verdadero Estado desarrollista, con empleo digno, diversificación productiva y soberanía financiera.

Por supuesto, el ahorro interno no puede convertirse en botín político ni en fuente de aventuras inviables. Pero existen fórmulas viables y probadas: fondos soberanos para infraestructura, financiamiento directo a cooperativas y pequeñas empresas, participación en proyectos estratégicos de litio, energías renovables o industrialización del gas. Todo esto, bajo un régimen de transparencia y control social que asegure que el dinero de los trabajadores se utilice para beneficio de los trabajadores mismos.

El caso Telecel debe servir como advertencia. No se trata de demonizar empresas privadas ni de cerrar puertas a la inversión extranjera, sino de corregir un rumbo que erosiona la confianza de la ciudadanía y priva al país de su principal recurso: el esfuerzo acumulado de su gente. Bolivia no puede resignarse a ser un simple canal de liquidez para corporaciones multinacionales. El ahorro boliviano debe volver a Bolivia.

Ese es el desafío: transformar el sacrificio de hoy en bienestar de mañana. Y para ello hace falta decisión política, visión de largo plazo y, sobre todo, la convicción de que ningún país se desarrolla entregando su futuro al exterior.


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