Amenazar la democracia
De momento la población boliviana ha mostrado una paciencia y una tolerancia épica ante las dificultades del día a día, y el hecho de que la resolución electoral ha ayudado
Hace mucho tiempo que los latinobarómetros vienen registrando una tendencia entre la población más joven, justamente aquellas que no han conocido las dictaduras: más de la mitad consideran más importante un gobierno que garantice seguridad física y prosperidad económica por sobre uno que garantice los derechos humanos básicos o la propia continuidad de la democracia.
América Latina no es la excepción, aunque se vean extremos más marcados. Sucede en América del Nortes, en Europa, en la polinesia y, de facto, en las regiones árabes y asiáticas donde, por lo general, no se cuestionan el status quo de la política ni las restricciones de libertades porque, se supone, el colectivo el más importante.
Los recursos al Tribunal Constitucional, de mayoría auto prorrogada y altamente sospechoso de alinearse ya han comenzado.
Bolivia ostenta uno de los récords mundiales en golpes de Estado y no es por casualidad, y tampoco por avaricia o mero despotismo militar, como se suele simplificar. Por lo general el olfato de sus ciudadanos es más fino que el de la inmensa mayoría de los analistas internacionales formados en las mejores universidades del mundo, y tienen un don especial para saber cuándo les están engañando, o utilizando, o aprovechándose para fines nada patrióticos.
Como ya hemos aprendido de eso y vivimos más conectados al mundo, por lo general el malestar se canaliza a través de las ánforas. Ahí la gente reparte suerte y credibilidades, y suele dejar afuera a aquellos en los que no han creído, pero también sucede que la respuesta es más urgente y entonces, también se sabe qué hacer.
La cuestión es que el país está sumido desde hace muchos meses, pero especialmente estas semanas, en una carrera electoral desesperada y acelerada, con múltiples candidatos, muchas encuestas, muchas peleas y algunas menos propuestas, pero, en cualquier caso, el país está sumido en la ola electoral que debe llevar a un momento nuevo, sea cual sea el resultado y sea cual sea el enfoque optimista o apocalíptico que se asuma.
Hace unas cuantas semanas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a partidos y fuerzas políticas a un encuentro político que tenía por objetivo “blindar las elecciones generales de agosto de 2025”, lo que de por sí admitía una amenaza en el ambiente. Los vocales pidieron que se cumplieran ciertos protocolos y, a poder ser, se aprobaran algunas leyes importantes, como la de garantizarles un juicio de responsabilidades como altas autoridades del Estado y no ser víctimas del capricho antojadizo de algún fiscal y garantizar la preclusión de las etapas en el proceso electoral, es decir, no paralizarlo con recursos al Tribunal Constitucional.
La Ley podía no ser necesaria si se cumplía el compromiso político, pero no: los recursos al Tribunal Constitucional, de mayoría auto prorrogada y altamente sospechoso de alinearse con los intereses del gobierno ya han comenzado.
De momento la población boliviana ha mostrado una paciencia y una tolerancia épica ante las dificultades del día a día, y el hecho de que la resolución electoral a estos problemas estuviera cerca ha ayudado, pero no sería apropiado jugar con fuego, pues la mayoría de las veces, acaba quemando.
