2025: recuperar la democracia
El rol adquirido por el Tribunal Constitucional, que no se ha renovado conforme a la norma, está poniendo en riesgo la legitimidad popular del legislativo
Pasa la Navidad, entramos en la cuenta atrás para despedir el año 2024, un año amargo marcado por la crisis económica que definitivamente ha salido de la teoría macroeconómica y se ha instalado en la sociedad en su forma más cruda: dólar caro, escasez de combustibles y precios al alza en prácticamente todos los rubros.
Desde este espacio editorial abordaremos en forma de balance varios temas que hacen a nuestro departamento y también al país, que además entrará en el año del Bicentenario con la moral baja y el ambiente enrarecido por el exceso de pugna político – partidaria que desde luego, no han ayudado en nada a la situación económica.
En todo este escenario complejo que se ha dibujado en 2024, seguramente el asunto más delicado es la constatación de la pérdida acelerada de las formas democráticas llegando a la caricatura. Es verdad que el autoritarismo como forma de gobierno no lo ha inventado el presidente Luis Arce, pues la Constitución Política del Estado tiene un potente sesgo presidencialista, muy a la forma de nuestra historia, y es verdad que la “nueva política” populista prima más que nada al “líder fuerte, infalible y omnipresente” – que aparentemente da resultados electorales según los gurús de la estrategia -, sin embargo este año se han cruzado varias líneas rojas por un asunto vital: el control del Tribunal Constitucional.
En este 2024 se ha traspasado la frontera del “ensanchamiento del ejecutivo” para flirtear peligrosamente con un sometimiento absoluto del resto de los poderes. A saber, no se puede interpelar a los ministros en la Asamblea por salvaguardar su derecho al trabajo; el Legislativo es boicoteado, pues apenas legisla y cuando lo hace, si sus resoluciones no son del gusto del ejecutivo, se anulan vía Constitucional; el Presupuesto se aprobará por decreto, los contratos del litio se convierten en convenios, las cuentas del INE se ocultan y contemporizan, las sentencias e investigaciones se sincronizan con los tiempos políticos… y hasta se reasignan las siglas en función de los intereses.
Durante todo 2023 se boicotearon las elecciones judiciales sin que el Legislativo supiera reaccionar y cuando a final de año el vicepresidente cerró el hemiciclo con vacaciones obligatorias se obró el desastre: los jueces de los altos tribunales que habían torpedeado las diferentes convocatorias decidieron cubrir el vacío legal con una resolución que los prorrogaba. Hasta ahí llegó la normalidad democrática.
Desde entonces y salvo en la iniciativa presidencial del referéndum, para lo que era imposible eludir a la Asamblea, todas sus resoluciones han sido del agrado del ejecutivo: interpretaron que Evo Morales no podía ser candidato, le entregaron la sigla del MAS a los acólitos de Luis Arce y finalmente, garantizaron la continuidad suspendiendo las elecciones al Constitucional en cinco de nueve departamentos. Casi nada.
El asunto es grave y el precedente pésimo. La capacidad de los jueces para definir los designios del país es impropia de una democracia moderna y la falta de reacción política, al menos por el momento, no invita a ser optimistas. Tensar la cuerda al máximo puede ser un plan macabro y nadie debería subestimar la capacidad de la gente de defender su democracia. Los ejemplos están bien cercanos. Ojalá 2025 sea el año en el que se recuperen los consensos básicos por la vía pacífica, que es a través de los votos.
