La democracia, la fuerza y el veto a las judiciales
La Asamblea debe liderar la salida a una crisis política que amenaza con desbordarse también en lo social
Decir que ha sido sorpresa sería mentir y ya lo expresamos en el editorial del mismo martes, luego de que todas las instituciones convocadas a la reunión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para “salvar las elecciones judiciales” se deshicieran en elogios sobre la valentía y proclamas sobre la defensa de la democracia. El asunto es mucho más concreto y requiere de unas vías muy específicas, pero topan con la voluntad del ejecutivo, que hasta ahora no quiere viabilizar las mencionadas elecciones.
El asunto es relativamente sencillo: se pone en vigencia el sistema para acabar con la auto prórroga de los Magistrados electos en 2017 y que a través de una resolución propia se ampliaron el mandato indefinidamente atribuyéndose competencias legislativas. Una vez puesto en vigencia, que puede ser la Ley que aprobó Andrónico Rodríguez en aquella sesión o cualquier otro, los magistrados abandonan las oficinas o, de lo contrario, se manda a la fuerza pública.
La cuestión entonces tiene más que ver con la voluntad que con la posibilidad, más teniendo en cuenta que la visión ni siquiera es a largo plazo, sino coyuntural. El Tribunal Supremo Electoral pidió un respaldo para saltarse una resolución constitucional, pero eso requiere algo más que palabras. Huir por la plata es el recurso fácil: el gobierno “teme” liberar recursos para que se ejecuten las elecciones tal como estaban planificadas y no como ordena el Tribunal. Sin plata, se cae todo lo demás.
Al pueblo boliviano le gusta su democracia, aunque sea imperfecta, y ha dado muestras de cómo se las gasta cuando alguien intenta ponerse por encima de la misma
¿Qué toca ahora? Es difícil de precisar, pero evidentemente debería ser la Asamblea Plurinacional la que liderara este momento turbio y difícil para la democracia boliviana. Uno más. Y es posible porque las bancadas están divididas, existen los métodos para transparentar las operaciones en el hemiciclo, hay un horizonte en el que dicen todos estar de acuerdo y hay una urgente necesidad de ir a las ánforas aun cuando esto no vaya a solucionar los problemas de la Justicia en este país, pero es que lo que hay, apesta.
Por el momento tenemos varias garantías constitucionales secuestradas, como la de poder interpelar a los ministros en la sede de la soberanía nacional, tenemos vocales boicoteando un proceso eleccionario para renovar sus propios cargos en lo que es un conflicto de intereses de libro, tenemos denuncias de abusos sexuales que se administran al gusto de los tiempos políticos y vocales que interpretan cosas que no dice la Constitución. Además de eso tenemos un problema con los dólares, un problema con los combustibles, y un enorme problema con la credibilidad de los datos que suministra cualquier entidad pública, sea el INE, sea el Banco Central, el Ministerio de Hidrocarburos, el de Economía, el de Educación y hasta el de Cultura.
Es verdad que los problemas de la economía de hoy no se han generado en la gestión de Luis Arce y que podía haber gobernado de otra manera si no se hubiera topado con una oposición despiadada desde su propio partido, pero la gestión política de los problemas es de su entera responsabilidad.
Al pueblo boliviano le gusta su democracia, aunque sea imperfecta, y ha dado muestras de cómo se las gasta cuando alguien intenta ponerse por encima de la misma, sobre todo sin la legitimidad suficiente para ello. El Gobierno debe pensar dos veces antes de enfilar un camino que tal vez no tenga retorno.
