Referéndum del modelo de Estado

Desde hace años se viene cuestionando desde diferentes espacios la eficiencia del modelo de Estado y la necesidad de abordar un cambio de fondo en tanto lo dispuesto en la Constitución Política del Estado no solo no se ha desarrollado, sino que directamente se ha ignorado. La pulsión existe, en la periferia, pero el poder central, sus parlamentarios y sus medios hegemónicos hace tiempo que decidieron ignorarla, y aunque hubiera sido interesante llevar el asunto a un referéndum, al parecer había asuntos más urgentes.

De momento todo son problemas. La idea de transitar de un Estado Autonómico a un Estado Federal representa una transformación profunda y compleja que prácticamente nadie quiere abordar más allá de su uso electoral. Este proceso implicaría no solo un cambio en la estructura política y administrativa del país, sino también una redefinición del concepto de nación y de las relaciones entre las diferentes regiones y el gobierno central. También un encuadre fiscal para el que seguramente no estamos preparados.

Según la Constitución, nuestro Estado Autonómico concede cierto grado de autogobierno a las regiones, permitiéndoles gestionar asuntos locales y mantener cierta autonomía en decisiones administrativas y fiscales, lo cual es muy poco cierto. Y es que el presupuesto debe ser aprobado dentro del Presupuesto General del Estado y los Ministerios tienen competencias para enmendar las propuestas, es decir, autonomía hasta que entras en discrepancia con el ministro de turno.

Por el momento este modelo ha permitido una mayor descentralización del poder, aunque mínima, y ha intentado responder a las demandas de las distintas regiones del país, especialmente aquellas con fuertes identidades culturales y necesidades particulares, pero esto funcionó apenas hasta que se acabó la plata.

El modelo autonómico no ha satisfecho las expectativas, pero la frustración parece haber conducido a la melancolía. Las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos regionales son cada vez menores y ya casi nadie clama por su derecho de hacer las cosas, sino todo lo contrario: porque alguien venga con plata para ayudar. La transición a un Estado Federal se planteó en términos de cohesionar el país y mejorar la eficiencia administrativa, pero es necesario que los que fracasaron, o se cansaron del Estado Autonómico, den un paso al costado.

En un Estado Federal, cada región o estado tendría competencias claras y definidas en áreas clave como educación, salud, infraestructura y seguridad, lo que permitiría una gestión más cercana y acorde a las necesidades locales.

La federalización permitiría una distribución más equitativa de los recursos, garantizando que las regiones menos favorecidas reciban apoyo suficiente para su desarrollo. Además, las regiones con mayores recursos podrían gestionar sus ingresos de manera más eficiente y adaptada a sus prioridades. Claro que alguien tendría que dejar de hacer populismo y reconocer que los programas y servicios se financian con los impuestos.

Otorgar más poder a las regiones puede suponer una salida a la parálisis política en la que parece haber encallado el país, con serias contradicciones entre lo que dice que quiere hacer, lo que dice que hace y lo que realmente hace. Es urgente recuperar la participación activa en la vida social y política, pues las cosas pasan en nuestras narices sin que estalle nadie.

Hace tiempo que la política boliviana gira entorno a quién llega más rápido al poder, quién lo conserva y de qué forma se puede someter a los diferentes poderes públicos para alcanzar los objetivos. En esa dinámica, es urgente plantear alternativas de fondo, horizontes de ilusión, cambios de verdadero fondo que nos ayuden a no perdernos en las miserias del día a día. Quedan objetivos.