Frenar la delincuencia
Es importante fortalecer con transparencia la acción policial y judicial, pero sobre todo, insertar a las personas vulnerables para evitar su deriva
Bolivia es un país violento para las mujeres, un país con muchos problemas de seguridad vial y laboral, mayormente porque la imprudencia se impone, pero nunca había sido un país especialmente azotado por la delincuencia, algo que viene creciendo por los efectos silenciosos de la crisis económica. A esto se suma la creciente ola de violencia que se viene detectando en el continente por los cambios en la dinámica de distribución de la droga a nivel mundial, que ha desatado verdaderas guerras y ajustes de cuentas por el control de las rutas.
Comparar los niveles de delincuencia en nuestra región sirve para entender nuestra posición, y para identificar medidas exitosas que podríamos adoptar en Bolivia para reducir la incidencia delictiva que en los últimos meses viene creciendo. Prevenir, por una vez.
En América Latina, la violencia y la delincuencia tienen múltiples caras. Países como Honduras, El Salvador y Venezuela registran algunos de los índices de homicidios más altos del mundo, impulsados por pandillas y crimen organizado. México lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias devastadoras en términos de secuestros y asesinatos. Por otro lado, Chile y Uruguay muestran niveles más bajos de criminalidad gracias a políticas efectivas de seguridad y justicia, además de una mayor inversión en desarrollo social.
Bolivia, aunque no está entre los países más violentos de la región, enfrenta desafíos significativos en términos de delincuencia. La criminalidad en nuestras ciudades ha aumentado, y fenómenos como el narcotráfico y la violencia doméstica están al alza. En las zonas rurales, la inseguridad se manifiesta de otras maneras, como el abigeato y conflictos territoriales. Además, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, lo cual afecta la calidad de vida y la confianza en las instituciones.
Políticos del oficialismo y de la oposición tienen claras las medidas a adoptar, pero su aplicación práctica sigue demorada.
Por ejemplo, lo principal es una Reforma Policial Integral que profesionalice y modernice la policía. . Esto incluye mejores condiciones laborales, formación continua en derechos humanos y técnicas modernas de investigación, y un sistema de incentivos y sanciones que premie el buen desempeño y castigue la corrupción. La implementación de cuerpos especializados para combatir crímenes específicos como el narcotráfico y la violencia de género también es crucial.
Por otro lado, todos coinciden en la necesidad de “Fortalecer el Sistema Judicial” para que sea más eficiente y transparente es la base para combatir la impunidad, pero lo cierto es que desde hace dos décadas caminos exactamente en dirección contraria y no parece que este año se vaya a solucionar, menos con la imposible elección de nuevos magistrados.
Unos y otros coinciden en que la mejor forma de combatir la delincuencia pasa por la educación y el empleo, pues las tasas de criminalidad están estrechamente vinculadas con la pobreza y la falta de oportunidades. Invertir en educación de calidad y en programas de formación técnica y empleo juvenil puede desviar a los jóvenes del camino del crimen. Iniciativas comunitarias que involucren a los ciudadanos en la vigilancia y el desarrollo local también son fundamentales.
Además, también se plantea específicamente una regulación estricta para el control de armas, con la mayor transparencia posible, así como fomentar una cooperación internacional en la materia que dé resultados tangibles.
La corrupción en las fuerzas policiales y judiciales es uno de los grandes problemas a la hora de abordar con enfoque múltiple la lucha contra la delincuencia. En esas es importante mejorar la tecnología y la transparencia, además de dotar a la sociedad y sus movimientos organizados de herramientas para la denuncia, pero sobre todo, para insertar socialmente a las personas vulnerables que fácilmente pueden acabar en las redes delincuenciales. Es necesaria mayor voluntad política y compromiso popular para anticiparse a una deriva que puede acabar haciendo aún más daño a nuestra de por sí frágil cohesión social.
