Referéndum consciente
Lo que toca discutir en las próximas semanas es precisamente si la medida sigue siendo útil para el país, si caben ajustes o si no sería mejor enfrentar las dificultades económicas desde otra praxis estructural.
Superado el trámite del Tribunal Supremo Electoral (TSE), nada hace indicar que el Tribunal Constitucional Plurinacional vaya a contradecir la voluntad del gobierno y por lo tanto, el 1 de diciembre coincidirán las elecciones judiciales con un referéndum de tres preguntas de las que dos tienen una evidente trascendencia política y económica para el país y la tercera, la de la reelección, pase lo que pase, acabará complicando aún más la convivencia en el plano político.
Probablemente la atención estas primeras semanas se concentre sobre el tema de la reelección, pues se trata de una jugada un tanto forzada destinada esencialmente a sacar a Evo Morales de la pugna por las elecciones en 2025. La redacción ambigua ya fue criticada por el Tribunal Electoral al señalar que no hace referencia a ningún artículo concreto de la Constitución, a pesar de que todo el pueblo boliviano sabe que hace referencia al 168 sobre el que ya se consultó – para establecer una excepción por una sola vez – en el 2016. La omisión ha hecho que el TSE no vete la pregunta, y también hará que el TCP consolide el argumento expuesto en la pregunta de que la reelección discontinua está prohibida, algo que efectivamente no sucede. Así, el resultado difícilmente tendrá aplicación concreta y solo servirá si se asume políticamente.
El MAS de 2010 era el partido más poderoso de la historia boliviana, se acababa de reelegir con más del 60% de los votos luego de aprobar su Constitución… pero no pudo retirar la subvención
El meollo está en las preguntas sobre la subvención a los combustibles, separadas en diésel y gasolina por alguna especie de cálculo que tal vez la haga asumible en el tiempo.
Por el momento la oposición ha seguido su línea habitual cuando se entra en materia. Lejos de pronunciarse sobre el fondo, va casi un mes en el que cuestionan el procedimiento elegido, en este caso consultar al pueblo. Los matices van desde que el presidente debería asumir su responsabilidad sin más dilación hasta los que asumen que el pueblo es tonto y por ende, no se le pueden preguntar estas cosas. Todos ellos pintan de cuerpo entero la profundidad democrática de la mayoría de los actores principales de este país que, en su mezquindad cortoplacista, ni siquiera pueden conceder que es la vía adecuada para que, de así considerarse, se retire la subvención.
Basta un ejemplo: el MAS de 2010 era el partido más poderoso de la historia boliviana, se acababa de reelegir con más del 60% de los votos luego de aprobar su Constitución y empezaba a diseñar el Estado a su medida, pero las alarmas ya sonaban y alguien tomó la decisión de levantarla en los albores de la fiesta navideña: “gasolinazo”. El rechazo popular fue tan fuerte que el decreto se bajó incluso antes de que tuviera lugar la primera movilización. Alguien temió verse en el helicóptero.
Lo que toca discutir en las próximas semanas es precisamente si la medida sigue siendo útil para el país, si caben ajustes, si no es necesario adecuar los alcances o si no sería mejor enfrentar las dificultades económicas desde otro punto de vista y praxis estructural.
El pueblo es perfectamente consciente de sus necesidades y de sus posibilidades y tiene la capacidad de entender el efecto de su decisión. Subestimarlo es no haber entendido nada de lo sucedido en Bolivia en el último medio siglo.
Así, contribuyamos todos al debate sano para que la gente vote informada y consciente. Sin miedo.
