Tarija, la crisis interminable
El Pacto Fiscal debe incluir una reforma en los ingresos tributarios que garanticen los servicios públicos y la justicia social y las Gobernaciones y Alcaldías deben tener más papel protagónico
Puesto en una línea de tiempo, Tarija ha “gozado” de la bonanza del gas menos años de los que la ha padecido. En 1999 se reinició la exportación a Brasil con San Antonio y San Alberto como pozos bandera y luego de que se aclarara el destino de Margarita en 2004, en 2007 se consolidó la exportación a Argentina, se cambiaron algunas reglas del juego y los recursos empezaron a multiplicarse.
En 2008 la Renta Petrolera nacional en todos sus conceptos (impuestos upstream, participación YPFB, regalías, IDH y participación TGN) saltó a 2.200 millones de dólares, en 2012 saltó a 4.100, y en el 13 y el 14 alcanzó su máximo con 5.100 millones de ingresos. Desde entonces todo son caídas, Una década de caídas.
En Tarija corrió a la vez el incremento de ingresos con la consolidación del proyecto autonomista. Mario Cossío en 2006, muy consciente de lo que se venía, ya inició una expansión de gasto tanto corriente como de inversión, llegando a disputar incluso la construcción de proyectos nacionales. Las urnas lo avalaban, pero los fiscales no, y llegó Lino Condori.
El gobernador interino de Tarija y su séquito pseudo tecnócrata del que le rodearon gozó de los mejores años de ingresos de la historia. Se calcula que entre 2011 y 2015, cuando dejó la Gobernación sin poder disputar la reelección por méritos propios, corrieron por la Gobernación 18.000 millones de bolivianos: el personal se multiplicó y se contrataron obras de todo pelaje por todo el territorio sin otro orden ni concierto que el de gastar los recursos para no parecer incompetente.
El resultado no tardó en quedar en evidencia: el barril de petróleo cayó de los 100 dólares en los que cotizaba en octubre de 2014 a menos de 30 en enero de 2016 y en la misma proporción lo hicieron las regalías. Adrián Oliva tomó las riendas de la Gobernación heredando centenares de obras medio fantasmas - medio inútiles que fue bicicleteando. Hacia el final de la gestión empezaron además a declinar los pozos y los contratos: adiós a San Alberto, reducción drástica de envíos a Argentina, dudas de Brasil… a lo que se sumó la pandemia.
En ese contexto ganó las elecciones departamentales Óscar Montes que retomó el tema favorito de Oliva: austeridad, recortes, cierres de obras, clausura de programas, etc. Estos días el Gobernador lo ha cuantificado: 2.000 funcionarios fuera en una Gobernación que bajó de 13 a seis secretarías y que prácticamente no ha licitado nada en cuatro años de gestión porque básicamente, no hay plata.
“No hay donde más recortar” señaló el Gobernador como un apunte frente a todos aquellos que repiten el mantra de la austeridad y el achicamiento de un Estado que apenas sí existe más allá de un puñado de policías, maestros y médicos que además suelen compaginar el servicio público con el negocio privado.
Mientras el mundo siga funcionando así y la deuda pública de un país que tiene de todo salga más cara que la de uno que ya lo arrasó todo pero que es central, el equilibrio fiscal se impone, pero difícilmente se podrán cuadrar cuentas en un Estado que necesita tanto por el lado del gasto y menos por el ingreso en este clima de populismo político.
El Pacto Fiscal debe incluir una reforma en los ingresos tributarios que garanticen los servicios públicos y la justicia social y las Gobernaciones y Alcaldías deben tener más papel protagónico en este sentido. Hace falta más criterio y menos cálculo populista en estos tiempos difíciles. El gobernador Óscar Montes parece dispuesto a asumir esta realidad.