Referéndum político

Dos de las cuatro preguntas no podrán ser vinculantes porque afectan a la Constitución y no se ha cumplido el procedimiento, pero sí tendrá efectos políticos concretos para 2025

Vaya por delante que dos de las cuatro preguntas planteadas por el presidente Luis Arce al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que convoque un referéndum al respecto difícilmente podrán tener efectos vinculantes porque no están cumpliendo con el procedimiento Constitucional, y no lo hace digan lo que digan los “abogados que arreglen”, que en este caso serán los autoprorrogados magistrados del Tribunal Constitucional, ni los vocales de un Tribunal Supremo Electoral que todavía no sabemos de qué está hecho de verdad.

Así, es evidente que la intencionalidad de la consulta es netamente política y de corto plazo, aunque no está claro que al Gobierno le alcance con eso.

Dicho esto, conviene formar criterio sin dispararse en el pie, y esto le interesaría especialmente a una oposición que de nuevo está quedando escorada al borde del camino lanzando consignas oportunistas e incoherentes incluso con su pasado reciente. Benditas hemerotecas.

El más descarado es el punto sobre la reelección, destinado a validar la tesis de que la reelección discontinua está ya prohibida en el país

Separadas en dos bloques, que podríamos llamar las constitucionales y las no constitucionales, no ha dejado de sorprender el enfoque dado a la pregunta sobre la subvención a los hidrocarburos, que presenta como un “cáncer” para la economía y pregunta sorbe si se está de acuerdo en mantenerla o no. El enfoque es curioso porque Arce ha defendido a capa y espada esta subvención en infinidad de populosas reuniones de esas con collares de flores y poncho. También porque se alinea en la lectura más liberal de la situación: no es cierto que retirar totalmente la subvención sea inevitable, como no lo es que el único ajuste fiscal posible deba venir por el gasto, pero en este caso el gobierno parece haber comprado el relato completo de una oposición cuyo planteamiento tampoco tiene soporte: todos le piden a Arce que asuma la decisión simplemente para no tener que asumirla ellos si es que alguno llega a gobernar: Bánzer congeló precios, Mesa mantuvo el subsidio, Evo abrogó el intento de eliminarlo, Áñez ni lo intentó, Arce pregunta. Hoy no se puede asegurar que será la mejor decisión económica, pero al menos será políticamente sostenible resulte lo que resulte, que nos conocemos todos en este país.

El bloque no constitucional tiene también su enjundia como cálculo político. El asunto del reparto de escaños parece destinado a crear un subterfugio que retrase la aplicación de los resultados del Censo: si la población dice que se aumente el número de escaños y no da tiempo, al menos no cambiamos nada por el momento. Para algunos es una cobardía política, pero varias “figuras” de la oposición manifestaron posiciones similares – recortando los supranacionales a cambio -.

El más descarado es el punto sobre la reelección, destinado a validar la tesis de que la reelección discontinua está ya prohibida en el país, algo que patea los pilares elementales del derecho: todo está permitido excepto lo que está prohibido. El asunto es esencialmente personal y contra Evo Morales, y por ende la lectura es polarizante: el sí implica darle otra oportunidad a Evo y el no, no, pero en cualquier caso no sería en 2025 porque según el criterio del preguntante, no es constitucional que lo haga…

Arce está recuperando la iniciativa política en este mes de agosto luego de haber sentado en la mesa a las patronales, a los Gobernadores y a otros agentes económicos que no han hecho especial ruido ni crítica ante tamaña incertidumbre en la que se vive.

Consultar al pueblo difícilmente podrá ser considerado una mala idea, y allá el político que así lo plantee. El soberano ya ha demostrado su sabiduría en otros momentos clave de la historia, y quien lo desprecia, normalmente, acaba encontrando su sitio… muy lejos.


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