Arce y la política gruesa

Hacía tiempo que el 6 de Agosto no se utilizaba como plataforma para repartir golpes de efecto, y ciertamente, tal como empezó, no parecía que el de ayer lo fuera a ser. Sin embargo, al final del discurso el presidente Luis Arce cambió el tono litúrgico y se puso a repartir facturas, algunas de grueso calibre que evidentemente no han caído bien en todas las esquinas de un cuadrilátero cada vez más sobredimensionado.

Un informe de gestión de la efeméride no tiene por qué contener planes detallados, como inmediatamente le exigieron los voceros de la oposición, pero Arce fue bastante concreto al anunciar paquetes de medidas económicas y también políticas, medidas que evidentemente deberán ser desarrolladas y tal vez, consensuadas.

Arce ha dado un golpe en la mesa trayendo política gruesa, sería un desastre que todo acabe en chicana. Y no para Arce, sino para el país.

Por ejemplo, Arce concedió abrir un diálogo sobre el Tipo de Cambio al mismo tiempo que concedía amnistía fiscal para repatriar utilidades del extranjero, reducía impuestos a las importaciones y liberalizaba las exportaciones en todos los sectores solo con presentar un plan quinquenal que garantice el abastecimiento a precio “justo” en el mercado interno. Se trata de debates técnicos que, se presupone, se convocan para cambiar hacia una mejor solución y no para dejarlo todo como está.

No puede dejar de sorprender como muchas voces que llevan años reclamando un cambio de modelo en esa línea, que es lo que es, hoy se desentienden. Por ejemplo, Arce también anunció que se “promocionará” el uso de dos gasolinas de mayor calidad ligadas a la cotización internacional, actualizando sus precios a esa referencia, y gente que lleva meses hablando de acabar con la subvención no tardó en denunciar el incremento de precios.

Con todo, la mayor atención se la llevaron las medidas políticas que el presidente quiere llevar a un referéndum y de las que al menos dos suponen una modificación parcial a la Constitución, por lo que requieren de una Ley exprés que permita así la coincidencia de la consulta con la elección judicial como el propio presidente anunció. No se entendería de otra manera: la convocatoria no debería convertirse en la enésima pulseada entre un ejecutivo débil sin control de la Asamblea que solo trata de ganar la batalla de la opinión pública a través de mensajes victimistas.

Dicho esto, ninguno de los tres temas es sencillo y todos dependerán de la redacción final de la pregunta. Mantener o retirar la subvención a los combustibles, así a groso modo, implica un cambio de modelo de alto impacto y no está de más hacer partícipe a la población de esta decisión en la que tanto gobierno como oposición tendrán que exponer su criterio sin ambages, porque lo cierto es que esa decisión es la piedra angular de los Presupuestos Generales del Estado y ni una cosa ni la contraria implican el “fin del mundo” ni la peor de las hecatombes.

Las otras dos medidas que implican cambios constitucionales – y por tanto, Ley – tienen aristas que deben ser explicadas antes de emitir criterios adelantados, pues nadie supone que el presidente va a abrir una consulta para enfrentar al departamento más poblado del país y por ende, el que debe ostentar la mayor representación; ni tampoco que se vayan a repetir errores del pasado ajustando una consulta a las apetencias personales.

Toca en ambos casos esperar a la redacción y a la aprobación de la Ley, eso sí, con la premisa de que las elecciones judiciales no pueden volver a sufrir retrasos ni más triquiñuelas que las impidan, pues es seguramente la elección más importante en este país en lo que va de siglo pues, al final, ¿qué importa el voto popular si no hay Justicia que lo materialice?

Arce ha dado un golpe en la mesa trayendo política gruesa, sería un desastre que todo acabe en chicana. Y no para Arce, sino para el país.