La unión sudamericana contra el contrabando
Es hora de que Sudamérica se una para enfrentar este desafío, protegiendo así sus economías y asegurando un futuro más próspero y equitativo para todos
El contrabando de entrada y de salida es una problemática que ha asolado a la economía boliviana y sudamericana durante décadas. Este fenómeno no solo afecta a las finanzas públicas, sino que también pone en riesgo la supervivencia de numerosas industrias nacionales y el empleo de millones de personas. En Bolivia, el sector empresarial ha señalado que el contrabando representa una amenaza creciente para aproximadamente 39.000 industrias y al menos 600.000 puestos de trabajo, generando un panorama alarmante que requiere soluciones integrales y sostenibles.
El impacto del contrabando en la economía sudamericana se manifiesta en varias dimensiones. Primero, erosiona la competitividad de las industrias locales al introducir productos en el mercado a precios más bajos debido a la evasión de impuestos y regulaciones. Esto provoca que las empresas formales pierdan participación de mercado, resultando en menores ingresos y, en muchos casos, en la quiebra. Segundo, el contrabando disminuye la recaudación fiscal, limitando la capacidad de los gobiernos para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura. Tercero, fomenta la informalidad y precariedad laboral, ya que los empleos generados por esta actividad ilícita suelen estar fuera del marco legal, sin garantías ni derechos para los trabajadores.
En Bolivia es especialmente sangrante el contrabando de salida de productos producidos con subsidio estatal, y aunque hay algunas corrientes de filosofía económica que aseguran que lo más conveniente sería eliminar todo tipo de control aduanero, lo cierto es que el debate está por demás superado en todo occidente y las regulaciones van a más, y no a menos.
Otras corrientes plantean que para combatir eficazmente el contrabando, se necesita un enfoque multidimensional que implique cooperación regional y políticas integradas para lo que se plantean algunas ideas como fortalecer la cooperación aduanera regional; armonizar la política fiscal en los países sudamericanos; fomentar la formalización y la competitividad industrial que realmente permita comparar resultados en entornos similares; educar y sensibilizar a la población, que es al fin y al cabo quienes se ven perjudicados por lo mismo que fomentan; reforzar un marco legal y sancionatorio común entre los países sudamericanos y desarrollar alternativas económicas en zonas fronterizas que hagan que el bagayo no sea la forma más común de sobrevivir.
El Mercosur podía ser esto, pero hace tiempo que mira más a la exportación común que a armonizar los esfuerzos productivos en la región, y mucho menos aquellos otros foros que son más políticos como la Celac, sin embargo, el contrabando es un problema complejo que requiere una respuesta igualmente compleja y coordinada. La integración regional, a través de la cooperación aduanera, la armonización de políticas fiscales y comerciales, el fomento a la formalización y competitividad industrial, la educación ciudadana, el refuerzo del marco legal y el desarrollo económico de zonas vulnerables, se presenta como un modelo viable para combatir esta amenaza. Es hora de que Sudamérica se una para enfrentar este desafío, protegiendo así sus economías y asegurando un futuro más próspero y equitativo para todos.
