Achá y el “golpe” de su vida
La denuncia sobre la compra de taladros hizo caer también la adjudicación de la petroquímica en Yacuiba, pero ahora los jueces no ven delito
En medio de las dudas sobre la continuidad de los cargos jerárquicos en los Tribunales de Justicia de este país, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción ha apurado uno de los casos más emblemáticos de la pasada gestión, liquidándolo por la vía rápida: Todos absueltos.
El caso se bautizó como “Caso taladros” por la cuestión evidente: De eso se trataba la compra. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), después de años de promesas y bravatas sobre la soberanía y la nacionalización, en 2016 recién se dispuso a comprar tres taladros de perforación de alto rendimiento para que la empresa pudiera empezar a cumplir el rol que le asigna la Constitución de controlar toda la cadena de Hidrocarburos, pero alguien se frotó las manos: las licitaciones fueron cayendo una detrás de otra hasta que se procedió a adjudicar la compra a la empresa italiana Drillmec por 148 millones de dólares.
Guillermo Achá fue nombrado en el lecho de muerte por el propio Carlos Villegas
Eran tiempos de vacas gordas y nadie sabía muy bien cuanto costaban aquellos aparatos, pero a uno le sonó feo: Edmundo Novillo, ex gobernador de Cochabamba, ejercía en esa época de director de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, y levantó la liebre. El escándalo fue mayúsculo e incuestionable, pues la denuncia venía de dentro. Una veintena de altos funcionarios de Yacimientos fueron aprehendidos y su presidente Guillermo Achá, nombrado en el lecho de muerte por el propio Carlos Villegas, remitido a prisión. El niño mimado del icónico expresidente de YPFB, al que se le atribuyen más éxitos de los cosechados por sí mismo caía en desgracia apenas 18 meses después de su selección.
La exploración directa de YPFB fue víctima de aquel embrollo postergando una vez más y como suele ser habitual, los proyectos de Estado, pero además hubo una víctima colateral que no ha vuelto a levantar cabeza: la planta petroquímica del Gran Chaco que el mismo Achá había licitado y adjudicado y que el ministro de entonces, el tarijeño Luis Alberto Sánchez se había guardado para entregar en el Bicentenario de Tarija de 2017.
Sánchez empezó a desconfiar de todo lo hecho por Achá y lo cierto es que el informe de adjudicación que YPFB tenía listo auguraba problemas, pues se lo adjudicaba a una UTE conformada por Tecnimont, que había hecho todos los estudios previos para la licitación, y Técnicas Reunidas, que había construido la planta separadora de líquidos que era la proveedora de la materia prima, es decir, olía a tráfico de influencias y manejo de información privilegiada por todo lado. Sánchez lo frenó aduciendo que no se fiaba de que esas dos empresas hubieran seleccionado la mejor tecnología posible, sino la que más les convenía a ellos ya que una de ellas había definido precisamente ese aspecto, y aunque anunció estudios complementarios, los precios habían caído, las reservas flojeaban y nadie veía clara la opción de inversión, que poco a poco se fue diluyendo.
Para bien o para mal, aquel escándalo de consecuencias en cadena, tuvo un impacto determinante en todo el sector hidrocarburífero, que perdió el rumbo y hasta hoy no se recupera. Sin embargo, los jueces acaban de apreciar que no hubo delito. La denuncia de Novillo llegó antes y la operación no se materializó y por lo tanto “siga nomás señora”.
Que distinto podía haber sido todo solo con que alguien no hubiera querido dar el golpe de su vida en la primera oportunidad.
