El primer poder del Estado
Más allá de las interpretaciones jurídicas, el poder legislativo se ha pronunciado y los jueces deben ser removidos y después, iniciar el proceso electoral judicial
Es demasiado común en estos regímenes presidencialistas nuestros, que los poderes ejecutivos rivalicen con los legislativos, más en estos tiempos duros y personalistas donde las nuevas generaciones -y no tan nuevas - entienden la política como si fueran partidos de fútbol donde los presidentes y sus ministros son las estrellas a las que nunca se puede cuestionar. Más en estos tiempos de polarización en los que las encuestas identifican que la gente prefiere un gobierno que le dé seguridad física y económica a la libertad de votar.
En esas, no es difícil construir una imagen diabólica del órgano legislativo: gente que cobra sueldazos y goza de privilegios de todo tipo por poco más que dar su opinión. En Bolivia aún ha sido peor después de dos legislaturas de mayorías absolutísimas donde la función exclusiva era levantar la mano, y cuando además se ataca reiteradamente la leyenda negra de la democracia pactada, que al fin y al cabo, es la esencia misma de la democracia: pactar.
Justo eso es lo que ha hecho la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada en un acto de arrojo del presidente del Senado ante la inacción permanente del presidente nato, el vicepresidente David Choquehuanca, que ha estado esquivando la convocatoria precisamente para evitar la derrota del oficialismo en un tema de prioridad para el gobierno de Luis Arce, que es el único que quiere mantener a toda costa a los actuales Magistrados en el cargo.
En una de esas jornadas vergonzosas, el gobierno movilizó casi todos los resortes del poder para tratar de evitar la reunión: se inventó una fumigación, cortó la luz y el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya continuidad estaba en el orden del día modificado, intentó suspender el acto in extremis, aunque le falló el procedimiento. Solo faltó que la Policía Nacional y la UTOP hubieran irrumpido en el hemiciclo para desalojar a los parlamentarios. No pasó y por ende, se consolidó la voluntad de la mayoría de los representantes del pueblo: los Magistrados, cesantes desde el 1 de enero y que se mantuvieron en el cargo con su propia resolución, es decir, usurpando las funciones legislativas que son quienes deben llenar los vacíos de poder.
El asunto jurídicamente es complejo, peor en este país de bases acomodaticias y docenas de expertos y analistas dispuestos a señalar una cosa y la contraria, pero más allá del asunto técnico de si Andrónico Rodríguez podía o no podía hacer lo que hizo, la sede de la soberanía popular, el primer poder del Estado por muy denigrado que esté, acaba de tomar una decisión sobre el otro poder, todavía más degradado, y no hay caso de que el poder ejecutivo trate de ocultarlo o ignorarlo, porque en algún momento, más temprano que tarde, el poder debe obrar.
Nadie quiere un escenario de enfrentamiento popular en las calles y no basta con creer que el asunto no es lo suficientemente grave como para motivarlo, o como para señalar que el temor a la crisis es suficiente como para desmovilizar. El país necesita resolver este sinsentido y avanzar en las elecciones judiciales primero y en las generales después. Ojalá el gobierno tome las decisiones correctas en este momento.
