Arce y el desafío de acabar con la subvención
Incluso el ala más liberal habla de una retirada “gradual” y casi nadie defiende en tiempo electoral acabar con el subsidio, pero está en la agenda
En un contexto de creciente presión económica, Bolivia enfrenta el desafío de mantener la estabilidad de precios de los productos básicos mientras busca formas de reducir las subvenciones a los combustibles. El presidente Luis Arce lo puede negar tantas veces como desee, pero todos los economistas a la izquierda y a la derecha lo tienen en la agenda por diversos motivos, aunque evidentemente nadie se atreva a defenderlo políticamente.
En general, las subvenciones representan un considerable gasto fiscal que agrava el déficit aunque ayude en la estabilidad de precios, pues retirar estas subvenciones de manera abrupta puede desencadenar una inflación significativa en los productos esenciales, afectando a la población más vulnerable.
A la fecha en el MAS consideran que es “imposible” e incluso los partidos más libertarios plantean ya una retirada “gradual”. El pueblo está empoderado y eso tiene consecuencias. Aún así, hay planteamientos como los siguientes para tratar de reducir el impacto.
Por ejemplo, un enfoque gradual para la reducción de las subvenciones puede mitigar el impacto inflacionario. Esto implica la disminución progresiva de las ayudas, permitiendo a los mercados y a los consumidores adaptarse paulatinamente a los cambios en los precios. Una estrategia de comunicación clara y transparente es crucial para gestionar las expectativas y evitar reacciones adversas.
Otros plantean invertir en fuentes de energía renovable como la solar y la eólica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Incentivar el uso de energías limpias no solo diversifica la matriz energética, sino que también puede generar empleo y fomentar la innovación tecnológica. Bolivia, con su rica dotación de recursos naturales, está en una posición favorable para liderar en este ámbito, aunque el mayor consumo está en el parque automotor y no en la industria.
También se plantea la promoción de prácticas de eficiencia energética tanto en el sector público como en el privado que resulte en un uso más racional de los recursos. Programas educativos, incentivos fiscales para empresas que adopten tecnologías eficientes y campañas de concienciación pueden ser efectivos. Por ejemplo, la conducción eficiente de vehículos puede ahorrar hasta un 15% de combustible, lo que tendría un impacto positivo significativo.
También se plantea redirigir las subvenciones a los sectores más vulnerables en lugar de aplicarlas de manera generalizada, pues puede garantizar que los grupos de bajos ingresos sigan recibiendo apoyo. Esto puede incluir vales de combustible para agricultores o subsidios directos a transportistas que se ocupan de la distribución de alimentos básicos. De esta manera, se protege a las personas más necesitadas mientras se reduce el gasto fiscal global.
Además, resulta esencial fortalecer y expandir la infraestructura de transporte público para disminuir la demanda de combustibles a nivel individual, siendo esta una de las madres de las batallas de todos los gobiernos municipales, pues hay centenares de familias dedicadas al transporte.
El “imposible” es una de las palabras que debería ser desterrada, especialmente del ámbito político, donde los actores están precisamente para intentar que las cosas funcionen y si no, que se hagan de otra manera. Hace falta valor político y decisión clara y consecuente.
