Revisar la autonomía

Aceptado el momento de crisis en el que vive el país y particularmente el departamento, con casi una década en recesión, parece buena idea dedicar estos dos próximos años a debatir y definir el modelo de autonomía del departamento de Tarija y así hacer los ajustes pertinentes a la misma a partir de los más amplios consensos y, probablemente, en un referéndum que perfectamente podría sincronizarse con la próxima elección nacional o departamental.

Son varios los asuntos que necesitan ser repasados, aunque tampoco sería justo imaginar cambios sin atender a los datos. En esas, el resultado del censo de Población y Vivienda, que se prevé empiece a arrojar datos oficiales ya en agosto, será clave, pues una de las apuestas más decididas de la autonomía de Tarija ha sido por fijar población en el territorio incluso a costa del tamaño de la burocracia, duplicando y triplicando muchos cargos y atomizando muchas instituciones, sin embargo, si esto no ha servido para que la población encuentre posibilidades directas o indirectas en su provincia, convendrá cambiar de estrategia.

Esto afectaría particularmente a la estructura de subgobernaciones y también a la relación con los municipios, dos asuntos que nunca han acabado de acoplarse al conjunto.

La figura de los subgobernadores electos fue una solución política a un inminente bloqueo sobre el texto estatutario que se daba por hecho si no se involucraba a las provincias con la misma ola de autodeterminación que había impulsado la lucha autonómica. Después hubo que buscarle una justificación y cierta viabilidad, pero nunca se diseñó que tenía exactamente que hacer aquel subgobernador con cualidad gubernativa sin tener un poder legislativo directo al que rendir cuentas, y como además coincidió su puesta en marcha con un tiempo de bonanza económica, aquellos “reyes chiquitos” armaron sus gabinetes nutridos de secretarios sin función, licitaron millonarias obras que nunca se fiscalizaron y habilitaron secciones de servicios como el Sedeca gastando más millones en comprar maquinaria para remendar caminos que en construirlos.

La crisis con los alcaldes vino después, cuando algunos avispados encontraron que aquello de los “proyectos concurrentes” que se había incluido en el Estatuto para “gloria del Gobernador”, que se convertiría en financiador de pequeños proyectos gestionados por los alcaldes garantizándose fotos e influencia política podía regularse del otro lado. Así nació la Ley del 1% (8%) que exigía la asignación de un monto fijo bajo amenaza de débito automático, para proyectos decididos exclusivamente por el alcalde y sin alinearse a ninguna prioridad.

Dejando a un lado la relación con la Autonomía Regional del Chaco, que merece muchas más reflexiones, una revisión del Estatuto debe ordenar la distribución del poder y de los recursos en función del acuerdo y del horizonte común que, por necesidad, debe establecerse en la Asamblea Legislativa Departamental y que así, logre trascender en lo importante la vigencia de los gobiernos, pues no hay duda que la determinación del pueblo tarijeño es independente del color del gobierno.

El debate está abierto, cada bancada deberá demostrar que está a la altura de su investidura.