Camino a dictadura
Una Justicia operando por encima de la Ley y coincidiendo siempre con los intereses del gobierno viene a ser la escenificación de una dictadura
Uno de los grandes debates en las democracias liberales – como la que rige en Bolivia más allá de los apellidos que cada cual le quiera poner – tiene que ver con la politización de la Justicia, un debate planteado ya por los genios de la Ilustración en el siglo XVIII que superaba los planteamientos de los Clásicos donde los legisladores, por muy democráticos que fueran, eran también administradores de Justicia o la forma en que se resolvió en la edad media europea y muchas de las civilizaciones indígenas donde el rey/caudillo de turno ejercía también de juez o lo delegaba en los administradores de la Fe que se profesase.
Simplificando al extremo, cuando la revolución burguesa liberal impulsó el nuevo orden social basado en sus Constituciones depositando la soberanía en el pueblo y blindando los principales órganos de administración del Estado, la Justicia se constituyó en poder y por ende sujeto a esa misma norma. Aun así, la forma de elegir a esos “sumos sacerdotes” que pasaron a ser los jueces siempre tuvo sus vericuetos, aunque por lo general se asumía que eran nombrados por las cámaras legislativas en función del peso de cada bancada, pero para atenerse a la letra de la Ley que debía interpretar.
Nacía así una de las falacias más insostenibles de esta democracia – la de la Justicia independiente - que ya pocos defienden como concepto, pues a todos los jueces se les otorga agencia política que al final, es la que subyace a la hora de interpretar la letra de la Ley en el eterno debate entre la libertad individual y la colectiva y el camino que garantiza el ejercicio pleno de la libertad. La cuestión, por no extendernos, es que el debate sobre la politización de la Justicia es tan antiguo como la democracia misma y de hecho, es bueno que exista, porque efectivamente los jueces no son los antiguos sumos sacerdotes iluminados por las sagradas escrituras.
Otra cosa muy diferente es la judicialización de la política, que en su grado máximo incluye el sometimiento de la política a las instrucciones de los más altos magistrados, particularmente del Tribunal Constitucional, y un afán extremo de estos por invadir otras competencias, tanto ejecutivas como legislativas, enmendado leyes o disponiendo el alcance de determinadas medidas.
En Bolivia esto ya ha pasado: después de un año de bloqueo a la elección judicial, los Magistrados decidieron su propia extensión de mandato, algo que solo podían hacer los legisladores. El Gobierno se erigió como el defensor total de esa determinación que se acabó imponiendo pese a las quejas y protestas e incluso algunos bloqueos. Las consecuencias ya están en marcha: los ministros no se someten a interpelaciones, las judiciales han quedado suspendidas y, finalmente, el TCP ha obligado al TSE a acompañar el Congreso paralelo del MAS que ha dejado fuera a Evo Morales.
Cualquiera puede argumentar que “aún” no es para tanto y confiar en esa dinámica tan nuestra de apurar hasta el borde antes de la gran explosión para que todo vuelva al orden natural, pero lo cierto es que una Justicia operando por encima de la Ley y coincidiendo siempre con los intereses del gobierno viene a ser la escenificación de una dictadura.
Las consecuencias son impredecibles, tanto como el rumbo que vaya a tomar la política en los próximos días, pero lo cierto es que ni el cansancio, ni el miedo, ni la economía pueden resultar excusa a la hora de defender los valores constitucionales y el orden democrático, por eso, desde El País hacemos un llamado a retornar al orden constitucional priorizando la elección judicial y a no tomar ninguna acción que ponga en riesgo la normal celebración de las elecciones de 2025.
Bolivia se respeta.
