El empleo y la informalidad
Bolivia no necesita importar soluciones ni aportar rigidez al mercado laboral, sino sobre todo, garantizar la seguridad a corto y a largo plazo a través de mecanismos propios
Apagado ya el debate sobre el incremento salarial, de nuevo muy moderado respecto a la inflación de 2023 y en línea de las recomendaciones de los principales órganos internacionales financieros, que plantean esos lineamientos para la negociación colectiva, sería bueno que en nuestro país se abordara de verdad una reforma laboral atendiendo a los problemas de fondo y a las preocupaciones del largo plazo y se dejara de una vez de promover parches y sobre todo, abonar el populismo.
El tejido social nacional tiene una serie de problemas muy identificados que sin embargo no se abordan: El 83 por ciento de la población, según organismos internacionales, trabaja informalmente, de estos la inmensa mayoría forma parte del negocio familiar, sin regulaciones ni otros derechos que tal vez el de compartir algún beneficio después de pagar los gastos. Esto incluye gremiales, campesinos, trabajadores del campo, etc.
Otro bloque importante son los cuentapropistas, transportistas y jornaleros por peonadas, digamos en el mundo de la construcción, donde tampoco hay mayor regulación que el mutuo acuerdo de las partes dentro de un esquema general de referencia del sector que puede ser renegociado o simplemente esquilmado, como quién asume la responsabilidad en caso de accidentes. Todo es charlable y en caso de desgracia, la pelea está asegurada.
Finalmente existe todo un bloque dedicado a la “consultoría” en el sector público, aunque también privado, donde se trabaja por resultados, aunque el cálculo de estos nunca suele ser del todo determinado muy científicamente.
A priori todo está perfectamente regulado por las leyes del mercado, donde todos tienen posibilidades de negociar su valor y su precio, aunque esto tenga sus límites, y en esto opere la influencia del denominado salario mínimo tomado como referencia, aunque intermediado por la especialización del propio obrero.
Ahí empiezan los problemas sobre quién ofrece esa especialidad de la que a veces beneficia al contratante, otras veces a la institución y otras tantas, a la empresa que requiere tales o cuales servicios más o menos especializados.
El problema de la informalidad es de largo plazo, aunque los efectos se puedan manifestar de forma inmediata: alguien que no tiene un ingreso fijo difícilmente puede acceder a financiación para adquirir una vivienda o simplemente, mejorar su propio rendimiento profesional.
El otro gran problema es el de las jubilaciones, especialmente ahora que la esperanza de vida está subiendo mucho y hay menos gente interesada en trabajar hasta morir y más en vivir sus últimos años con dignidad. Por lo general el trabajador informal carece de motivación para ahorrar en el largo plazo y pensar en su jubilación, lo que posteriormente se convierte en un problema para el propio Estado, que está obligado a atender a todos sus ciudadanos en condiciones de dignidad.
La informalidad es el gran problema del mercado laboral boliviano, que es distinto al de cualquier otro país y que necesita soluciones propias y no importadas, mecanismos propios que garanticen no tanto la estabilidad, sino la seguridad inmediata y de futuro y las posibilidades reales de apostar por uno mismo. Es tiempo de abrir el diálogo con todos los sectores involucrados, porque en esto sí, todos queremos lo mejor para nosotros mismos, que a final, es lo de todos.
