Litio: interés nacional
En Bolivia es “tradición” desaprovechar las oportunidades u operar en favor de intereses extranjeros, pero con el litio hay que aprender de los errores
Los intereses nacionales deberían quedar al margen de la disputa política y el litio es uno de esos intereses nacionales que hay que abordar con sabiduría y sentido de Estado. Seguramente es tarde para plantearlo, pero es necesario.
Bolivia tiene una extensa “tradición” de ponerse piedras en el camino, una inusual costumbre en torpedear los intereses nacionales en beneficio de algún tercero y toda una leyenda negra sobre traiciones y maniobras que han cooperado con ello. La pérdida del mar es la más conocida de ellas, pero no es evidentemente la única.
Almaraz Paz daba todo lujo de detalles sobre decisiones erróneas, boicots y turbios negocios para evitar cualquier iniciativa para desarrollar la industria del zinc en Oruro en los años 60, y toda la historia petrolera del país, desde el mero descubrimiento del primer pozo en Bermejo, está plagada de decisiones tomadas en contra del país.
Hay casos incluso paradigmáticos, como aquello de contratar una de las carreteras estratégicas para la relación Bolivia – Argentina a una empresa brasilera, que se tomó más de una década para completar una carretera que nunca ha sido lo que se soñó: sí, hablamos de la Potosí - Tarija – Bermejo.
Hay otros casos muy evidentes, como lo sucedido con las plantas separadoras de líquidos al principio de la gestión del MAS. Dos infraestructuras proyectadas como base para la industrialización del gas en el territorio nacional, el mismo gas que industrializaban Brasil y Argentina al otro lado de la frontera. El escándalo de la planta de Río Grande, de una dimensión mucho menor que la proyectada en Yacuiba, detuvo la construcción de ambas durante más de un lustro, y cuando se inauguró la del Chaco, en 2015, apenas quedaba gas ni tiempo de contrato para justificar la inversión en la petroquímica del plástico, y así quedó.
Todo apunta a que algo similar está sucediendo con el litio, que por cierto ya fue causa separada en la contienda de 2019 que había movilizado a los potosinos durante meses hasta que lograron deshacer el contrato con Alemania llevándose al propio Evo Morales por delante.
Más allá de discursos ingenuos o basados en teorías de mercado académicas, muy en auge últimamente en el discurso político (que no en los hechos), hay pocas fórmulas que garanticen la participación estatal en el negocio de forma central y no residual, un criterio que aplican prácticamente todos los países del mundo en lo referido a empresas estratégicas o altamente rentables incluyendo no solo a los gigantes nacionalistas como China, Rusia e India ni a las potencias petroleras del golfo, donde todo está controlado por las monarquías árabes, sino también Francia, Alemania, Italia, Noruega, Corea, Canadá, etc.
Desarrollar la propia tecnología con YLB nos ha costado demasiado y el propio paso del tiempo ha convertido el procedimiento en obsoleto y es justo reconocerlo, lo que no implica en absoluto abandonarlo ni enterrarlo. La alternativa de la Extracción Directa es una técnica en desarrollo que tiene otros riesgos y otros beneficios y que tampoco se debe negar, así como la fórmula de conformar empresas mixtas que compartan ganancias con inversores extranjeros de acuerdo a la norma, o más específicamente, a los intereses nacionales.
Desarrollar el litio es una necesidad estatal en la que todos debemos aportar, pero eso no impide que se dé la máxima transparencia y se investigue a fondo si alguien metió la mano en la caja, si alguien está boicoteando los pasos clave o si alguien está haciendo negocios privados aprovechando el tirón familiar.
Aprendamos de lo que hicimos mal en las minas y en el gas sabiendo que el camino no es esperar a que alguien venga a solucionarnos nuestros problemas. Algo debe poder salvarse. Al menos algo.
