Productividad y formalidad, desafíos del empleo de este siglo
En un país con una enorme tasa de informalidad, centrar la política labor en el incremento de salarios de los empleados formales no parece una estrategia de éxito
El acuerdo sobre el incremento salarial se hizo público el martes con un 3% al básico y 2.500 bolivianos para el salario mínimo. Una vez más el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), esta vez con Luis Arce a la cabeza, ha intentado escenificar un “éxito” junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), alineada al arcismo, pretendiendo sacar echo izquierdista. También se han escuchado tímidamente las quejas de la patronal, más por guardar las formas que por otra cosa, más como parte de la misma escenificación, pues el monto apenas es 0,6% por encima de la inflación y, en general, hace tiempo que esta medida apenas favorece a una pequeña parte de los trabajadores del país, en su mayoría funcionarios públicos, y ni esos.
El principal problema del mercado laboral en Bolivia no es el de los bajos salarios, que también, sino que tiene que ver con la informalidad por un lado y con la baja productividad por el otro, dos asuntos que a la vez tienen poco que ver entre sí salvo por el planteamiento errado que se hace desde el Ministerio de lo que deberían ser las relaciones laborales en un país en desarrollo como el nuestro.
El incremento salarial hace tiempo que dejó de ser un incentivo para nadie salvo precisamente, aquellos más protegidos
Bolivia siempre fue una economía informal aunque se tome conciencia a partir del 21060 y todo el proceso de deslocalización de las minas que acaba con el mínimo tejido industrial formal convirtiendo a los que quedan en activo en cooperativistas, es decir, pequeñas empresas individuales que no se someten a ninguna regulación mientras venden a las transnacionales, y el resto en trabajadores del campo, que esencialmente también actúan así y no bajo acuerdos de dependencia laboral y regulación salarial. A todos ellos se suma una enorme cantidad de población desplazada a las ciudades que básicamente “ganan del día” encontrando acomodos en el sector gremial o en la gastronomía. Economía de subsistencia esperando un mañana mejor que puede alargarse infinitamente.
Esto ha dejado un amplio sector de la población desprotegida en el largo plazo, pero además la falta de garantías impide el acceso a la financiación regular bancaria, por lo que el acceso a cualquier bien y cualquier inversión de tipo patrimonial se complica y encarece absurdamente afectando a las familias. Los problemas además vienen después con trabajadores sin seguro médico y sin pensiones, condenados prácticamente a trabajar hasta morir.
Esto sin embargo no parece preocuparle demasiado al gobierno ni a la Central Obrera, y apenas se ha solventado la situación facilitando formas de afiliación individual por aportes mínimos que en realidad vienen a blanquear empleos de falsos consultores dependientes de una sola fuente y que dentro de unos años reclamarán porque sus pensiones se han quedado muy bajas.
El otro gran problema está en las empresas, pues la baja productividad y algunos de los problemas derivados de la política salarial del gobierno desincentivan la contratación formal y no se encuentran alternativas regulares para la contratación bajo otras modalidades más adecuadas. Así, la administración pública en cualquiera de sus formas es la principal contratista del país mientras los emprendimientos privados se atomizan y apenas arriesgan, algo que a su vez penaliza en una economía de mercado como la nuestra.
El incremento salarial hace tiempo que dejó de ser un incentivo para nadie salvo precisamente, aquellos más protegidos, si no se toman verdaderas medidas que incentiven el empleo formal, el problema se volverá grave en el mediano plazo. Urge una renovación de actores que pongan planteamientos de este siglo sobre la mesa.
