Los demonios de la 348
Tal vez lo único que se ha conseguido con la Ley es que los violentos no pueden encontrar atajos para librarse de sus condenas precisamente por la presión social
Ni en las peores pesadillas aquellos que promovieron la Ley 348 y que después impulsaron su revisión y reforma podían sospechar que la misma se encauzaría por los términos de discusión actuales, aunque tampoco debería pillarnos por sorpresa. Lo que está sucediendo se enmarca en la estrategia global reaccionaria, que país por país va impulsando reversiones de leyes, normas y avances, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, que le sirve como elemento de cohesión con sus planteamientos de movilizados enfadados, pero tampoco debemos considerarlo un factor externo. Al contrario.
Por situarnos en los hechos, desde principios de año se vienen sumando colectivos “de esposos maltratados” y “padres víctimas” que excusan el pago de sus pensiones alimentarias y otros casos de violencia señalando a la Ley 348, que se ha convertido ya en una suerte de monstruo de tres cabezas culpable de todos los males del planeta. Esta demanda es probablemente artificial, aunque asumida también por influyentes comunicadores que utilizan el “muchos” para generalizar un supuesto uso incorrecto del instrumento jurídico. Con todo, la Asamblea Plurinacional, tan falta de debate real, la ha recogido e incorporado a su agenda para dar una “solución”. La ponente es la exalcaldesa de Vinto y prominente senadora evista, Patricia Arce, que también considera la ley “antihombres” como el prominente presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también evista y alguna vez considerado como el más progresista del MAS, quien después del revuelo causado por sus palabras textuales acabó culpando al mensajero (me han malinterpretado) y entonando después otro famoso cliché: “la violencia no tiene género”.
La Ley 348 es un ejemplo de normativa que viene de arriba hacia abajo, un procedimiento que era necesario en un país conservador, de extrema violencia hacia la mujer y que necesitaba respuestas urgente
En realidad, el debate se había abierto hacía tiempo entre el colectivo feminista, que es más amplio que María Galindo dando voces aunque sea la que con más eficiencia comunica las fallas. Las conclusiones de aquellos análisis llegaron a la mesa del ministro Iván Lima, que de progresista tiene poco, y tras algunas declaraciones vistosas y sensibles, pasaron rápidamente al cajón de abajo.
Los términos del debate actual se basan en percepciones e ideas prejuiciosas. Se habla de “muchos” y se aseguran subjetividades. Se insiste, por ejemplo, en que muchas mujeres lo usan como elemento de “extorsión” e incluso algunos llegan a asegurar que “rompe familias”, como si alguna familia pudiera mantenerse unida a base de golpes o amenazas o como si los casi mil hombres que estaban en prisión el pasado 19 de marzo por no pagar las miserables pensiones a sus hijos fueran víctimas.
La Ley 348 tiene lagunas, pero la remediación incidiría aún más en las garantías procesales de las denunciantes y en el valor del consentimiento. Tal vez lo único que se ha conseguido con la Ley es que los violentos no pueden encontrar atajos para librarse de sus condenas precisamente por la presión social, y ojo, en Tarija hay dos casos emblemáticos – el Caso Ostria y el Caso Dayana – que aprovecharon las turbulencias del cambio de gobierno en 2019 para encontrar salidas alternativas, con las consecuencias que luego han dejado.
El problema es sin embargo mayor y desnuda la incoherencia del MAS y su función de gobierno de los últimos 20 años, probablemente socapado por los colectivos feministas que validaron cambios legales sin haber construido el necesario cambio social. La Ley 348 es un ejemplo de normativa que viene de arriba hacia abajo, un procedimiento que era necesario en un país conservador, de extrema violencia hacia la mujer y que necesitaba respuestas urgentes, pero su aprobación no fue acompañada ni por una estrategia de sensibilización necesaria en una sociedad eminentemente machista y no logró ni el mínimo cambio de mentalidad ni siquiera entre los altos ejecutivos del gobierno.
Hay que mirar los datos: con todos los demonios de la Ley 348, Bolivia ha bajado de 115 feminicidios al año a los 81 del año pasado y lleva años en tendencia a la baja. Probablemente solo es casualidad, pero todos los esfuerzos por salvar vidas son necesarios.
