Un nuevo marco para la Sanidad Pública

La salud es probablemente el principal problema de los bolivianos, aunque de puro estrés se hable cada vez menos de ello. El servicio público es deficiente, pero el privado, tanto en las cajas como en las clínicas particulares, tampoco es mucho mejor: ejemplos de negligencias, de incapacidades, de malos diagnósticos, etc., se multiplican por toda la geografía del país.

En Tarija, por ejemplo, la solución “mágica” suele plantearse casi al final del presupuesto y seguramente cuando la salud está muy deteriorada, y consiste, fundamentalmente, en ir a Salta a buscar otro diagnóstico.

Es por este motivo que el problema de la salud afecta tanto a las familias bolivianas: no es solo el riesgo vital en el que cada cual incurre, sino el riesgo para el bolsillo: la quiebra acecha después de cada visita y solo hay un as en la manga: la kermesse.

Estos días se debate con intensidad el tema de la jubilación obligatoria, pero es un sector el que principalmente se ha levantado en pie de guerra: los médicos, un sector que ya ha protagonizado algunas algaradas importantes y que tal vez no tenga un criterio político uniforme, pero sí tienen muy definidas sus prioridades sindicales.

El argumentario contra la jubilación obligatoria básicamente que esgrimen los doctores, que son sin lugar a dudas uno de los sectores mejor remunerados en el ejercicio de su profesión, son las bajas cuantías de las pensiones, algo que perfectamente podrían haber corregido durante su vida laboral contratando seguros privados. En la discusión se incluyen otras consideraciones de ámbito profesional e incluso ideológicas, cuestiones que sin embargo acaban siendo circulares y encontrando las trabas en el mismo sector que se moviliza.

El gobierno y sus simpatizantes esgrimen otros argumentos con evidentes generalizaciones, que suelen ser peligrosas, pero por lo general aceptadas. El origen del problema tiene que ver con la escasez de médicos, que tiene a su vez que ver con lo limitado de las plazas que ofrecen las universidades – donde son los propios médicos los que las limitan – y la alta migración de los titulados en Bolivia, que buscan mejores salarios, pero sobre todo mejores condiciones, en otros países.

Así, los médicos de largo aliento compatibilizan varios trabajos en centros públicos, privados y en muchas ocasiones, con su propia clínica, una circunstancia que genera además muchos casos de estafas, derivaciones irregulares, uso fraudulento de instalaciones públicas, etc.

El asunto es complejo: la sanidad pública es tan precaria en Bolivia que no se puede permitir, además, prescindir de efectivos, pero es urgente encontrar los mecanismos de gestión que permitan a las instituciones hospitalarias - que en la práctica funcionan como entidades cuasi privadas en la gestión de sus fondos – ser más eficientes y elevar las prestaciones.

De lo que se trata no es tanto de jubilar a un médico a los 65 años sino de liberar los ítems en la institución pública para dar espacio a nuevos médicos que fortalezcan sus carreras aquí y, también, acabar con viejas mañas que se transmiten de generación en generación de médicos.

La salud es elemental y por ello es preciso alcanzar un buen acuerdo con todos los actores que permita ser más eficientes en la gestión y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. Ojalá nadie desista en el diálogo ni menoscabe el objetivo.