Evo, la justicia y la política
Aunque de entrada se tomó de forma anecdótica en el búnker de Evo Morales, la acumulación empieza a preocupar: el contexto está dado para acabar en la cárcel
Primero fue la reactivación del caso Zapata con un enfoque un tanto diferente: Evo Morales pasaba a ser citado con apremio para comparecer como testigo en el proceso encallado hace casi cinco años y que sin duda fue el que le hizo naufragar electoral y moralmente en 2016 y que aún sigue siendo una incógnita, pues nadie sabe qué sucedió realmente con aquel hijo que Evo reconoció.
Después fue el giro en el Hotel Las Américas, primero en la CIDH haciendo responsable al Gobierno boliviano por aquella intervención de 2009 que acabó con una serie de ejecuciones extrajudiciales y después la reapertura formal en Bolivia desde ese enfoque y no desde el de alzamiento armado como se había venido titulando el proceso que fue cerrado en la época de Jeanine Áñez y Arturo Murillo.
Últimamente han aparecido cuestionamientos de fondo en la política del litio, con un daño que se ha estimado en los 400 mill0ones de bolivianos, y sobre todo en la hidrocarburífera de la última legislatura, donde se pudieron tomar decisiones respecto a proyectos conscientemente dolosas y que generaron un daño económico al Estado, como en el caso del pozo Boyuy X2, acordado con Repsol en el área Caipipendi pero continuado hasta una profundidad absurda por instrucción del Gobierno que desoyó a la propia Repsol y a todas las recomendaciones de consultoras internacionales que señalaban que un pozo a esas profundidades no sería productivo pero en lo que se empeñaron tanto ministro como presidente, algo que le costó a las arcas del Estado una millonada en dólares que vendría muy bien ahora.
También han existido diferentes denuncias del pintoresco ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien la semana pasada detalló una supuesta red de extorsión al servicio del expresidente y citó incluso el turbio asunto “Noemi”, una joven con la que aparentemente mantuvo una relación y que ha servido para denunciarlo de “pederastia”.
En paralelo el ministro de Justicia, Iván Lima, artífice y gestor de la estrategia jurídico – política del gobierno, ha cruzado denuncias personales con Evo Morales por difamación luego de que el expresidente lo vinculara con un despacho de abogados que litiga contra el Estado e incluso lo ha acusado públicamente de desoír el referéndum de 2016 – un tema notorio pero tabú en su partido – endosándole así la responsabilidad intrínseca en las muertes de las revueltas de 2019. Casi nada.
Aunque de entrada se tomó de forma anecdótica en el búnker de Evo Morales, la acumulación empieza a preocupar: el contexto está dado para que el gobierno intente una de esas clásicas operaciones que acaban con el acusado entre rejas como medida preventiva, aunque solo sea por la acumulación. Ni siquiera el gobierno de Jeanine Áñez y Arturo Murillo fue capaz de articular una serie de procesos suficientes para cuestionar la larga gestión de Morales, sino que se limitó a crear nuevas al calor de los acontecimientos.
La pregunta sin embargo no es si Morales será o no responsable de las cosas que se le vienen endilgando, sino si los estrategas del Gobierno tendrán valor para traspasar esa línea y romper así de forma directa la pugna por las primarias y la representación del MAS.
En realidad es solo cuestión de tiempo comprobarlo.
