Seguridad e Inteligencia

Las urgencias de la economía y el cambio de rutas, unido al impacto en la economía local han podido convertir Bolivia en un polvorín de explosión incierta

Aunque empieza a pasar, todos los focos de la atención pública, sobre todo por parte de la oposición al gobierno, están puestos sobre la singularidad económica del momento: las tensiones del dólar en un contexto inflacionario mundial como el que parece se empiezan a superar había mostrado ciertas dificultades en nuestra todavía minúscula economía, dependiente de los dólares provenientes de los hidrocarburos, que están en franco deterioro.

Sin embargo, en el mundo en general y en América Latina en particular, los focos no están puestos en las ideologías y su materialización, que es la política económica, sino en los temas de seguridad, que tiene también un componente filosófico e ideológico vital, pero que sin embargo es mucho más pragmático.

El problema continental tiene que ver con las bandas organizadas que en general vienen a ser apéndices del tráfico ilegal de drogas, pues de una u otra manera participan de la cadena de producción y distribución, y aunque en cada país se reconocen particularidades específicas que han degenerado en situaciones de mayor o menor violencia, sí se reconoce, por ejemplo, que están cambiando las rutas del tráfico por los cambios en los hábitos de consumo en Estados Unidos y algunos países de Europa, lo que ha incrementado la violencia para asegurar las rutas. De igual forma, y aunque cada vez menos, también está asumido que es la falta de alternativas la que ha acabado por convertir a la industria de lo ilegal en una especie de sueño americano o último recurso, donde la vida no es algo realmente importante.

El otro denominador común es el del control de las cárceles. La fragilidad de los Estados en este continente convirtió las cárceles en lugares bajo el control de las mismas bandas que siembran el caos fuera hasta el punto de convertirse en referencias de captación y centros de operaciones de primera clase. En esas, las políticas de “mano dura” que algunos países han aplicado han quedado en nada, puesto que las cárceles han sido aún peor en la transformación de los jóvenes.

Así fue en El Salvador y es lo que legitima al presidente Nayib Bukele para haber puesto en marcha políticas de control carcelario en absoluto garantistas recuperando cierta estabilidad en uno de los países con mayor tasa de homicidios del mundo; mientras que dos de los grandes conflictos recientes en el continente han derivado de motines carcelarios: uno en Ecuador, donde el nuevo presidente Daniel Noboa ha prometido políticas similares a las de Bukele, y también en Haití, donde el control ha pasado a estar en manos de las bandas ante el enorme fiasco de las misiones de Naciones Unidas.

En Bolivia el problema es sin embargo visto de lejos, aunque se asuma que hay organizaciones narcotraficantes operando desde el país, y a pesar de que el control de las cárceles ha estado lejos del control estatal desde hace décadas. Las urgencias de la economía y el cambio de rutas, unido al impacto en la economía local han podido convertir Bolivia en un polvorín de explosión incierta.

Los expertos hace tiempo que demandan al Estado operar con más Inteligencia, pero a lo sumo se viene aceptando la subcontratación de esto a ONG extranjeras o directamente, con la DEA y la Europol.

Bolivia necesita ser soberana en esta coyuntura.


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