Garantizar el acceso a la vivienda
Las Encuestas de Hogares del INE ya han venido advirtiendo sobre el problema de la vivienda entre los jóvenes, que muchas veces ni siquiera es percibida por quien lo padece
Probablemente serán los datos relacionados a la vivienda los que generen más interés cuando se publiquen los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el pasado 23 de marzo, sin embargo, el tema está lejos de ser parte de alguna agenda política, ni del gobierno ni de la oposición, y es que el de la habitabilidad parece ser un problema a inexistente en el país a pesar de que la padecen miles de jóvenes en el país y en todos los departamentos.
La Constitución lo contempla de una forma menos directa que en otros textos similares del entorno: “Toda persona tiene derecho un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria” dice el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, lo cual es lo suficiente ambiguo como para no dar respuestas adecuadas y universales, sino más bien soluciones específicas signadas, como casi todo en este país, por las simpatías políticas de unos y otros.
Y es que el reconocimiento constitucional del derecho dio paso a la regularización extraordinaria de decenas de asentamientos urbanos que igualmente se habían consolidado en otros momentos y con otros gobiernos, pero también a la creación de la Agencia Estatal de Vivienda, cuyas buenas intenciones se han quedado, sin embargo, muy lejos de la praxis diaria.
Por lo general, la Agencia de Vivienda se limita a coadyuvar en la construcción de “viviendas sociales”, normalmente en comunidades rurales o barrios periurbanos, muchas veces donde el problema de la vivienda se ha sobrellevado aún en la precariedad, y casi siempre enfocado a familias consolidadas y no tanto a jóvenes.
Las Encuestas de Hogares del INE ya han venido advirtiendo sobre el problema de la vivienda entre los jóvenes, que muchas veces ni siquiera es percibida por quien lo padece, pues se ha normalizado que las familias recién creadas se instalen en casas de los progenitores, que las madres solteras se queden nomás en las casas cuando el padre no se hace cargo o que los hijos que no se juntan en pareja se queden nomás en la casa familiar, y aunque evidentemente es una solución no solo de índole económico, sino también de responsabilidad y cuidado compartido, expertos psicólogos advierten de las consecuencias posteriores de los jóvenes que no han logrado desarrollar un proyecto de vida autónomo y su impacto en la generación.
Tal vez sean los datos del Censo los que ayuden a corregir esta falencia o a reformular esta política, probablemente enfocando en las causas, que tienen que ver con la especulación de precios y la precariedad laboral, pero también con la falta de garantías y las exigencias bancarias.
La vivienda no es solo un bien de consumo cuyos precios debe regular el mercado, sobre todo si este se demuestra especulador y egoísta, sino que es un derecho constitucional que debe ser garantizado directa o indirectamente sin mayores sesgos.
