Las negaciones del Gobierno y el ritmo de Bolivia

Posiblemente esta legislatura hubiera podido ser diferente si no se hubieran entremezclado los intereses electorales que han frenado reformas y reformulaciones

El gobierno de Evo Morales lo utilizaba con cierta frecuencia, pero en el gobierno de Luis Arce se ha convertido en un modus operandi clásico, una especie de estrategia que acaba convirtiendo en sospechoso casi cualquier cosa que se plantee y se salga de la norma, es decir, cualquier esfuerzo que se lleve adelante por provocar un cambio.

En la historia política se ha utilizado a menudo con fines muy concretos, pero en tiempos de redes sociales y postverdad puede resultar de alto riesgo. Básicamente es una estrategia de globos sonda y funciona de la siguiente manera: Un ministro lanza un comentario, lo recogen los medios paraestatales de forma más o menos textual y esperan el revuelo en redes y en medios independientes, una vez que todo esto estalla, el gobierno aclara los términos en sus medios oficiales, a veces directamente niega lo dicho y en otras ocasiones, niega incluso lo publicado oficialmente, pero por lo general consiste en patear la determinación delante de forma y manera que se implemente cuando ya nadie le presta atención.

En el gobierno de Evo Morales fue simbólico el decreto de liberación de precios de los combustibles de 2010, más conocido como “gasolinazo”, que motivó la rebelión popular instantánea a pesar de haberlo camuflado en los días navideños, y que se acabó retirando, pero hubo también muchos anuncios que ni se acabaron de hacer realidad por reacciones inmediatas, como el de la jubilación obligatoria, el de la absorción de la Caja Nacional de Salud a la que se opuso la Central Obrera o muchas de las medidas sobre el ejercicio profesional médico.

En el gobierno de Arce, seguramente por las urgencias, se están registrando experiencias de este tipo casi a diario. La semana pasada hubo dos importantes que se han pateado: los bonos verdes respaldados por el litio y la mezcla del 25% de etanol en el combustible, con toda la normativa ya autorizada, pero que ante el revuelo – ni siquiera tanto – se han dado por aplazadas. Ambas medidas tienen que ver con los planes para ahorrar dólares, pero ha habido muchos otros momentos en los que el gobierno ha dado retro, y no solo las tres veces que ha intentado aprobar la normativa del FMI contra el blanqueo de capitales o algunos asuntos de calado como ordenar las jubilaciones o el sistema tributario, sino también en asuntos tan pueriles como el intento de que Netflix y Facebook paguen algún impuesto en el país.

Posiblemente esta legislatura hubiera podido ser diferente si no se hubieran entremezclado los intereses electorales, tal vez hubiera sido un buen momento para abordar las reformas que el país necesita, tal vez un buen momento para bajar algunas banderas que se han hecho jirones sin que nadie las atendiera y tal vez un buen momento para reformular otras consignas.

Quedan 18 meses para comprobar si estamos ante un fin de ciclo o ante una reorientación del mismo. Lo que sin embargo va quedando claro es que no habrá vuelta atrás. Bolivia necesita avanzar deprisa para no perder el tren.


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