Bolivia envejece

La propuesta de reforma del aporte solidario a la gestora pública de pensiones es una respuesta a este problema concreto que pronto estallará en el país

Uno de los escenarios complejos a los que se va abocando Bolivia y que pondrá de relieve el próximo Censo de Población y Vivienda, que llega muy tarde sobre lo previsto, es el progresivo envejecimiento de la población.

La pandemia ha hecho estragos en la serie, pero hasta 2019 la esperanza de vida al nacer de los bolivianos había llegado a los 67,8 años, un incremento promedio de dos años en apenas una década. Mientras tanto, la natalidad ha bajado del 22% con una tasa de fecundidad de 2,62 niños por mujer cuando hace solo una década era de 26,13% y 3,29 hijos por mujer y a principios del siglo era de 3,99 hijos por mujer.

Las consecuencias de esta deriva son evidentes y no tardarán en hacerse patentes: el envejecimiento de la población se ha acelerado y pronto aparecerán inquietudes nuevas que atender. Los datos, para un país con una densidad poblacional bajísima y que concentra en tres capitales del eje central el grueso de la población, son dramáticos, pero el asunto no ha ingresado a la agenda pública de forma ordenada, sino como acostumbra este gobierno, a golpe de medida dictada sin buscar la socialización y mucho menos, el consenso.

La propuesta de reforma del aporte solidario a la gestora pública de pensiones es una respuesta a este problema concreto que pronto estallará en el país, porque cada vez más adultos mayores llegan a estadios avanzados de edad en los que la jubilación total se hace necesaria, y no hay pensión ni Renta Dignidad que lo permita, y no, no en todas las ocasiones hay familias dispuestas a hacerse cargo.

En prácticamente todo el mundo occidental el sistema de jubilación funciona básicamente igual, es decir, a través de los aportes del empleado y el empleador; en la mayoría se contempla también un aporte solidario para cumplimentar las pensiones más bajas y sí, en todos los sistemas, públicos o de gestión privada, se contemplan cifras de esperanza de vida totalmente absurdas. Todo esto también sucede en Bolivia, pero como llegar a viejo nunca ha sido un asunto que preocupara especialmente a las generaciones pasadas y presentes, el sistema sigue siendo un gran desconocido para el común popular en un país donde el 85% de la población es informal.

El asunto central es que envejecer con dignidad es un derecho humano y las jubilaciones dignas tienen todo que ver en ese proceso y el Estado, por encima de las familias o las organizaciones religiosas, es quien debe hacerse cargo de que eso sea así.

Operar sin explicar y sin comparar tiene problemas y era más que predecible que todos aquellos que denuncian una opresión suprema del Estado sobre los emprendedores iban a poner el grito en el cielo, aunque subir un 0,5% el aporte patronal pueda suponer apenas 15 bolivianos más al mes, y es que el problema real, en realidad está en otro lado, y es en ese enorme número de informales que subsisten en el país sin soñar siquiera con una jubilación digna o con ejercer algún derecho.

Ajustar los aportes y asegurar el futuro de una sociedad que se envejece a toda velocidad puede ser una buena idea, pero urge una formalización general de la economía que asegure una  base ancha, lo contrario son problemas asegurados.


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