Legislatura perdida

Más allá de consideraciones políticas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha vuelto a demostrar que tiene control total sobre la agenda política y legislativa. A poco que se alargue la polémica por las elecciones judiciales y salte la fecha fijada para el Censo de Población y Vivienda, no habrá tiempo para más, pues el calendario político ingresará oficialmente en el periodo preelectoral, con sus postulaciones, primarias y escorzos y donde llegar a pactos o viabilizar algo de fondo será inviable.

Sin ánimo de hacer de oráculo, el resultado entonces será prácticamente nulo. La Asamblea legislativa se cerrará sin haber tramitado una sola reforma de calado que venga a mejorar la vida de sus ciudadanos o dinamizar su contexto socioeconómico, más al contrario, los temas que requieren de una atención urgente habrán vuelto a quedar aplazados para quién sabe cuándo.

Y es que la Asamblea renunció hace tiempo a su misión de legislar, pero en concreto, en este periodo, lo hizo el día que vio como el ejecutivo tumbaba la Ley para el control del enriquecimiento ilícito incluso el programa marco que lo inspiraba y que había sido aprobado casi sin discusión unos meses antes de que alguien pusiera el grito en el cielo al ver amenazados sus intereses. Pudo ser cualquiera.

Ya antes había dejado claro que no pretendía abordar una reforma fiscal de calado, pues más allá del testimonial Impuesto a las Grandes Fortunas, ni siquiera pudo exigir que las plataformas tipo Netflix o Google paguen sus impuestos en el país porque algunos adujeron que eso encarecería el producto.

Así, no es que no haya habido una reforma educativa, que en realidad nadie ha planteado de forma seria ni lo hará, pues el ejecutivo ni siquiera ha podido impulsar una reforma de la currícula, o no es que no se hayan abordado reformas de fondo en la Policía o en las Fuerzas Armadas, que parecía una prioridad después de tanto revuelo en 2019; es que el gran logro de esta legislatura parece ser haber hecho una Ley del Oro para salir al paso de una crisis de divisas.

Si el objetivo era no hacer nada, sin duda se ha conseguido. Incluso los problemas con el dólar han acabado sumando a esa misión: nadie habla de reforma tributaria y mucho menos de Pacto Fiscal, pues tras once años de incumplimiento el reclamo se saldó con una leve promesa de reunirse después de que haya datos del censo. Una obviedad.

También ha quedado fuera de cualquier debate el asunto de la federalización que en realidad nunca llegó a entrar de forma seria por mucho que el sistema autonómico esté por demás agotado y la mitad de los departamentos sigan sin tener una norma estatutaria consensuada.

El poder legislativo está tan devaluado en Bolivia que para algunos puede parecer una victoria que básicamente no haya habido avances de fondo en la estructura legislativa del país, que no se hayan conquistado derechos ni apuntalado la igualdad de oportunidades, pero lo cierto es que son otros cinco años perdidos en ese sentido.

Ojalá pronto la política buena, la de la mayúscula, vuelva a permitir que en este país se cambien cosas mediante el análisis, la reflexión, el debate y el consenso y no mediante las ocurrencias de nadie, que nunca suelen llegar a buen puerto.