Primero las interpelaciones…
El sistema presidencialista está derivando hacia posiciones autoritarias y antidemocráticas que se manifiestan en esas pequeñas acciones que crean precedentes para el futuro
Si en este país existiera un mínimo de decencia política, el presidente Luis Arce debería cesar inmediatamente a todos los ministros que se niegan a asistir a las interpelaciones y a todos aquellos que han accionado el recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para anular una de las principales (tal vez la principal en el sistema presidencialista) funciones de los parlamentarios: la de interpelar al poder.
El asunto no es menor porque es en la suma de las demagogias como al final se pone en jaque a los principios mismos de la democracia. Anteponer un supuesto “derecho legítimo al trabajo” a la de dar explicaciones en la sede de la soberanía popular precisamente por ese trabajo que supuestamente ha realizado es, simplemente, un absurdo insostenible.
Probablemente el fallo rechazará el pedido, pero la asunción a trámite ha permitido paralizar los actos parlamentarios por el momento
Dar explicaciones es seguramente la principal función de un ministro, cuyo cargo es elegido políticamente. No. Un ministro no es un funcionario más ni jamás debería ser tratado como uno más, aunque demasiadas veces los vemos con las chicanas de sus vacaciones, de sus permisos, de sus indemnizaciones y demás. Un ministro es un cargo político como los hay miles en este país plagado de asesores y abogados, y por ende debe saber cuando irse y actuar como lo que es.
Probablemente el fallo rechazará el pedido, pero la asunción a trámite ha permitido paralizar los actos parlamentarios por el momento, evitando así abrir algunos debates incómodos de nuevo en el seno del Movimiento Al Socialismo, e incluso, que ruede alguna cabeza muy apetecida tanto por el sector evista como por la oposición. Quedará también por comprobar si el presidente Luis Arce es capaz de repetir la jugada que ya hizo con el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo emulando a la mismísima Jeanine Áñez.
De fondo vuelve a aparecer el diseño institucional del Estado boliviano y lo endeble de sus instituciones. El sistema presidencialista está derivando hacia posiciones autoritarias y antidemocráticas que se manifiestan en esas pequeñas acciones que, en realidad, constituyen adelantos de línea y peligrosos precedentes para el futuro.
Y es que el principal poder del Estado es el Legislativo porque reúne a la pluralidad nacional, y buscar los mecanismos para limitar su poder, que de por sí es escaso y está subordinado al ejecutivo, conduce hacia una oscuridad desde la que nos puede resultar muy difícil volver. Esto se ha hecho práctica hace muy poco y más de uno de los hoy envalentonados pasó miedo al darse vuelta la torta.
Bolivia necesita reformas de fondo, pero también recuperar papeles y valores fundamentales. La política ha salido de la Asamblea, pero en los Congresos de las organizaciones sociales más se practican los sillazos que la oratoria. El presidente nunca será un líder infalible ni aunque lo vote el 80% de la población. Siempre necesitará un control parlamentario, continuo, permanente, válido, serio. El pueblo debe ser capaz de protegerse de las derivas autoritarias que solo conducen a la violencia. No dejar pasar estas pequeñas cosas, ayudan.
